El Grupo Codere anunció el inicio de un proceso de arbitraje internacional de inversión contra el Estado panameño, en una disputa que involucra a la Junta de Control de Juegos (JCJ) y que se encuentra vinculada a la operación de salas de juego en el país.
La compañía española, a través de su filial Codere América, notificó formalmente a la Presidencia de la República de Panamá sobre la existencia de una controversia relacionada con el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones firmado entre España y Panamá. Y con esta presentación, quedó abierto un período de negociaciones entre las partes con el objetivo de alcanzar una solución consensuada.
Grupo Codere en Panamá: los detalles del conflicto
Según informó la empresa, el conflicto surge a raíz de decisiones regulatorias que han afectado las condiciones de competencia dentro del mercado panameño. Codere sostiene que las autoridades han permitido la operación de determinadas salas de juego que considera incompatibles con la normativa vigente.
La compañía también cuestiona el accionar de la Junta de Control de Juegos (JCJ), organismo encargado de regular y supervisar las actividades de juego y apuestas en Panamá. De acuerdo con la posición de la empresa, el regulador habría actuado de manera parcial y sin aplicar de forma efectiva resoluciones judiciales previas relacionadas con la autorización de nuevas salas de tragamonedas.
Uno de los puntos centrales de la controversia está vinculado a un fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que había declarado ilegales determinadas salas de máquinas tragamonedas tipo A. Desde Codere argumentan que esa resolución no habría sido cumplida adecuadamente por las autoridades competentes.
A pesar de la disputa, la empresa destacó su intención de mantener el diálogo con el Gobierno panameño. En ese sentido, reafirmó su compromiso de largo plazo con el país y expresó su disposición a participar en conversaciones que permitan resolver el conflicto mediante una vía negociada.
Actualmente, el grupo opera en Panamá tanto en el segmento presencial como en apuestas deportivas y juegos de casino, incluyendo tragamonedas, juegos de mesa y póker.
Panamá promulga una nueva ley enfocada en prevenir el juego problemático
Dentro de este contexto, Panamá aprobó recientemente la Ley 527, una normativa que introduce nuevas herramientas para prevenir y controlar el juego problemático, tanto en casinos físicos como en plataformas digitales de apuestas.
La ley reconoce al juego problemático como una cuestión de salud pública y establece mayores exigencias para los operadores, entre ellas sistemas de verificación biométrica de identidad y edad, límites voluntarios de gasto y tiempo para los usuarios, alertas ante conductas de riesgo y tecnologías de reconocimiento facial en determinados establecimientos de juego.
Además, la normativa amplía las facultades justamente de la Junta de Control de Juegos (JCJ) para actuar contra operadores no autorizados, permitiéndole ordenar el bloqueo de sitios web, aplicaciones y otras plataformas que funcionen sin licencia en Panamá.
La ley también prevé auditorías periódicas, nuevas sanciones económicas y la creación de un fondo destinado a financiar programas de prevención y tratamiento del juego problemático. En este sentido, el Órgano Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de seis meses.
