El abogado Fabio Ferreira Couto, miembro de la Comisión de Derecho de Juego del Colegio de Abogados de Río de Janeiro (OAB-RJ), declaró que la prohibición de la publicidad de juegos de azar en espacios públicos y medios publicitarios exteriores es inconstitucional.
Esta valoración se produjo tras la publicación por parte del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, del Decreto N.º 58.274/2026, que prohíbe la publicidad de empresas del sector en dichos lugares.
En su perfil de LinkedIn, el abogado destacó: “Es un ejemplo perfecto de cómo el afán por obtener una plataforma electoral puede pisotear la Constitución Federal y asfixiar el entorno empresarial en Brasil”.
El letrado abordó la obligación impuesta por el decreto a anunciantes, concesionarios y clubes de retirar inmediatamente las campañas publicitarias de los operadores, bajo pena de multas e incluso la pérdida de licencias.
Sin embargo, para Couto, la medida tiene una motivación política y está relacionada con las elecciones previstas para octubre de este año.
Según el abogado, el decreto presenta deficiencias inconstitucionales al interferir en una actividad cuya regulación es competencia exclusiva de la Unión, tal como lo establece la Constitución Federal.
La prohibición de publicidades de juego promueve una “generalización peligrosa”
Además, Couto afirmó que el texto promueve una “generalización peligrosa” al equiparar a las empresas reguladas con plataformas ilegales, lo que resulta en una “caza de brujas” contra todo el sector.
El abogado también destacó que el decreto municipal ignora el proceso regulatorio establecido por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF), que ya ha definido las normas para la publicidad en el sector, incluyendo la obligación de advertir sobre los riesgos financieros y la dependencia, así como la prohibición de prácticas consideradas abusivas.
Según Couto, la medida establecida para el municipio termina afectando a las empresas autorizadas que cumplen con la normativa vigente, mientras que las plataformas ilegales quedan fuera del alcance de la supervisión municipal.
“Esta asfixia impuesta a las operaciones regulares y a los patrocinios deportivos seguirá generando pérdidas incalculables, lo que hace imperativo litigar conjuntamente contra esta aberración legislativa”, declaró el abogado.
Según Couto, la situación actual exige una mayor coordinación entre las empresas con licencia del sector, especialmente las pequeñas y medianas empresas, a través de sus entidades representativas.
El abogado argumentó que el debate sobre la regulación de las apuestas debe basarse en la legislación vigente y en el fortalecimiento de un mercado legal y responsable, sin que los intereses políticos a corto plazo prevalezcan sobre el marco regulatorio establecido.
