En un informe de la Contraloría General de la República (CGR) de esta semana, se descartó que haya habido conflictos de interés entre el presidente de Chile Sebastián Piñera y los operadores de casinos durante la aprobación del Decreto Supremo 77 del Ministerio de Hacienda, por el cual la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) extendió los plazos para ejecutar obras en varios casinos.
Sin embargo, el mismo organismo anunció que investigará a la SCJ por haber suspendido, días antes de que finalizara el plazo, el proceso de verificación del cumplimiento de las obras prometidas por los operadores, lo que ha beneficiado a Enjoy, ya que esto derivó en que no se cobraran las boletas de garantía.
Por su parte, la titular de la SCJ, Vivien Villagrán, respondió que “la Superintendencia presentará antecedentes complementarios que permiten solicitar la reconsideración de lo dictaminado por la Contraloría acerca del actuar del servicio, de acuerdo con la normativa vigente”, como reportó Diario Financiero.
Con el decreto de comienzos de 2021, Enjoy obtuvo una prorrogación del plazo para ejecutar obras en su casino de Viña del Mar, aunque finalmente rescindió el contrato por considerar que no fue suficiente el tiempo otorgado para ponerse al día con los requisitos de la licitación debido a la pandemia.
En la ampliación de los plazos, se cuestionó el rol de los fideicomisos ciegos que actualmente tiene Piñera, ya que consideraron que este beneficio a los casinos surgió de un interés económico personal del presidente. De todas formas, la CGR afirmó que “no existen elementos objetivos para que se configure un conflicto de intereses con ocasión de la dictamino del referido decreto Nº 77 de 2021, por lo que no se advierte una infracción al principio de probidad administrativa de parte del presidente de la República”.