La diputada de la provincia de Buenos Aires Florencia Retamoso presentó una propuesta de ley para prohibir el uso de tarjetas de débito y/o crédito en salas de juego de la región. El proyecto surge tras la decisión del gobierno local de revertir dicha limitación, habilitando, únicamente, el pago con tarjetas de débito.
“Prohíbase la instalación y funcionamiento de máquinas expendedoras de dinero y/o espacios donde se realicen transacciones con divisas y/o actividades relacionadas con préstamos personales de dinero contra entrega de documentos, cheques o empeño de bienes, y/o cualquier otra modalidad, asi como el uso de medios electrónicos que permitan la realización de transacciones con tarjetas de crédito y/o débito bancario en las Salas de Juego en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. La presente alcanza a Casinos, Salas de Bingo, Hipódromos y Agencias Hipicas y deberá ser cumplida dentro de los diez (10) dias de publicada la presente”, reza el artículo de la iniciativa de Retamoso, de idéntica redacción a la Resolución N° 2215/16.
Según la legisladora, “permitir el uso de sistemas de acceso al dinero y préstamos en efectivo dentro de las salas es una evidente política que va en contra de cualquier intento de asistencia (al juego compulsivo”, por lo que sería contradictorio con los programas de prevención y asistencia propios de esta jurisdicción.
Sin embargo, la Resolución Nº 447-IPLYCMJGM-2022, firmada por el titular del IPLyC, Omar Galdurralde, solamente se refiere a la habilitación de las transacciones con tarjetas de débito (exceptuando a las derivadas de planes sociales) en su artículo 1 e indica que se deja “sin efecto lo establecido en la Resolución N° 2215/16, en lo relativo a la obligación impuesta por el artículo 1° de la presente”.
Es decir, por el fraseo, la decisión del gobierno actual solo revierte la prohibición de pagos con débito, pero no hace referencia a cajeros, cheques, ni préstamos personales.
De todos modos, la intención de Retamoso es limitar las posibles conductas patológicas de los apostadores. “El proyecto intenta desalentar toda medida que facilite el acceso de dinero para continuar apostando sin control alguno, lo cual puede llevar a consecuencias nefastas tanto para el patrimonio personal, la salud y la familia del apostador”, explicó.
