La prohibición de las apuestas de cuota fija en Brasil, establecida por la Medida Provisional (MP) nº 1.394/2026, provocó consecuencias para el financiamiento del deporte nacional. Además de la pérdida de patrocinios de operadores de apuestas, la decisión del Gobierno Federal comprometió una fuente de recaudación destinada por ley al deporte olímpico y paralímpico.
En esta edición de la columna Rincón Jurídico de SBC Notícias Brasil, Tiago Gomes, socio de Souto Correa Advogados y responsable de las prácticas de Juegos y Apuestas del estudio, analiza los impactos de la prohibición sobre clubes, confederaciones y atletas, además de cuestionar la ausencia de estudios técnicos que fundamentaran la decisión.
En el artículo “Prohibir no es proteger — la extinción de las apuestas y el deporte”, Gomes aborda los riesgos para la planificación a largo plazo de las entidades deportivas, especialmente en el ciclo de preparación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El especialista también presenta datos de recaudación tributaria obtenidos por medio de la Ley de Acceso a la Información (LAI) y argumenta que la prohibición puede favorecer el mercado ilegal de apuestas.
Rincón Jurídico: Prohibir no es proteger — la extinción de las apuestas y el deporte
El viernes anterior a la primera vuelta electoral, el gobierno emitió la Medida Provisional 1.394, del 25 de septiembre de 2026, y prohibió, de un plumazo, la explotación, la oferta y la publicidad de las apuestas de cuota fija en Brasil. Nueve días después, el país fue a las urnas. La coincidencia de calendario no es un detalle: es el marco de todo lo que vino después.
Declaro, desde ya, de qué lado estoy. Soy favorable a las apuestas y, más que a ellas, a su regulación. No por simpatía al juego, ni por defender a los operadores. Es que creo en la ciencia —la del derecho, la del derecho comparado y la de los miles de estudios conducidos alrededor del mundo sobre los efectos del juego y la protección del interés público— y en lo que mi propio trabajo de investigación de los últimos años viene demostrando.
Y lo que la evidencia muestra resulta incómodo para quienes buscan soluciones fáciles: prohibir no hace que el problema del juego desaparezca. Apenas lo empuja hacia donde nadie lo ve. Prohibir es barrer el polvo debajo de la alfombra y, en el mismo gesto, entregar a quienes más necesitan protección en brazos del crimen organizado.
Pues lo más revelador de este episodio no está en lo que se decidió, sino en cómo se decidió. Cinco días antes de la medida, una asociación del sector solicitó, a través del acceso a la información, los estudios que fundamentarían una eventual prohibición. La respuesta del Ministerio de Hacienda, fechada el 24 de septiembre —la víspera de la MP—, fue lacónica: “información inexistente”. No había, según el propio gobierno, nota técnica, dictamen ni informe que evaluara los impactos económicos, fiscales, regulatorios o sociales de extinguir la industria.
Se decidió a ciegas. Y se decidió en contra de lo que la experiencia comparada ya ha enseñado. El concepto técnico aquí es el de canalización: la porción del juego que transcurre por el mercado legal, fiscalizado y sujeto a límites de depósito, autoexclusión y verificación de edad. Donde se aprieta demasiado, se desploma. En los Países Bajos, cayó a menos de la mitad en 2025, y el mercado ilegal superó, por primera vez, al licenciado en ingresos. En Alemania, el mercado gris ya se describe como estructuralmente arraigado. La lección es tan monótona de tan repetida: la demanda no se evapora con la prohibición, solo cambia de dirección.
Hay una ironía difícil de digerir. Los mismos frentes que hoy aplauden la prohibición fueron los que, no hace mucho, acuñaron el epíteto de “negacionista” para los gobiernos que se negaban a escuchar a la ciencia ante problemas complejos. La ciencia, en este caso, fue descartada antes incluso de ser consultada.
Si los técnicos no fueron escuchados, alguien lo fue. Y aquí está el intercambio que incomoda. En lugar de quienes estudian el tema desde hace años —dentro de la industria o en los excelentes cuadros técnicos del propio gobierno—, prevaleció la voz de los grupos de presión: artistas, publicistas, entidades religiosas, personas marcadas por el juego patológico y quienes conviven con él, e incluso competidores económicos que solo disputan el mismo bolsillo del consumidor.
No les niego la sinceridad. Muchos tienen las mejores intenciones, y algunos dolores son reales y merecen contención. Pero tener una buena intención sobre un problema no es lo mismo que entender su solución. La experiencia de quienes sufren los efectos del juego merece ser escuchada y considerada en la formulación de las políticas públicas. Sin embargo, la legitimidad de esa experiencia no prescinde de la evaluación técnica sobre qué medidas reducen efectivamente los daños y protegen a los consumidores. Confundir una cosa con la otra es un error de método, y sobre un error de método se apoyó esta decisión.
Pero lo que más me incomoda no es nada de eso. Es el tono burlón con el que se trató al deporte.
Las entidades deportivas plantearon una objeción legítima: se extinguía, de la noche a la mañana, la mayor fuente de financiamiento que el sector conoció. La respuesta que recibieron, en síntesis, fue que los clubes están mal gestionados y que se busquen nuevos ingresos por su cuenta. Es verdad que buena parte de los clubes está mal administrada. Pero no todos, y meter a buenos y malos en la misma bolsa es la arrogancia típica de quien vive de la política, donde se pueden pasar cuatro años sin hacer nada para, a nueve días de una elección, decidir una medida popular.
Y hay una inversión perversa en el rescate que se diseñó a continuación. Para enmendar el daño, el gobierno ofreció crédito subsidiado a través del BNDES, prórroga de deudas con la Unión y una negociación de amnistía fiscal que, para no llamarse amnistía, fue bautizada como “contraprestación social”. De este modo, se premia justamente al club endeudado, mientras que aquel que hizo los deberes, que no debe y que simplemente contaba con un ingreso lícito, regulado y licenciado por el propio Estado, se queda esperando. Se castiga a la buena gestión y se recompensa a la mala. Es difícil imaginar una señal más equivocada para quienes dicen querer sanear el sector.
