La diputada nacional Marcela Campagnoli presentó un proyecto para limitar el crecimiento del juego y las apuestas en Argentina, con el fin de “prevenir los efectos perjudiciales de esta adicción a nivel individual, familiar y social”.
Según explicaron, la proliferación de las ofertas online de este tipo de entretenimiento se ha exacerbado durante la pandemia, teniendo en cuenta también que el sector fue regulado en varias provincias, incluyendo las más habitadas, como la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, y más.
“Es importante tomar medidas para proteger a la población de los riesgos asociados con los juegos de azar online. La restricción de la publicidad de estos juegos es una forma de reducir la exposición de las personas a estas actividades y promover un juego responsable”, le explicó la autora del proyecto al medio local iProfesional.
Así, una de las propuestas destacadas es la prohibición de utilizar tarjetas de débito en cualquier tipo de ofertas de juego y apuestas deportivas. Junto con las tarjetas de débito también quedarían prohibidos todos “los medios de pago asociados a cuentas abiertas a solicitud de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o del ente administrador de los pagos que corresponda, para la acreditación de prestaciones de ayuda social provenientes de programas, entidades o servicios de la Nación, de esta u otras jurisdicciones”.
Sin embargo, el mismo proyecto deja la posibilidad de operativizar esta prohibición bajo un acuerdo entre la autoridad de aplicación y las autoridades públicas.
Siguiendo el ejemplo de otros mercados como España o el debate que está sucediendo en Chile, también la propuesta apunta contra la publicidad, que quedaría “limitada en televisión, radio y plataformas de contenido de medios, vivo o grabado, que se puedan ver en computadoras o teléfonos celulares a través de internet, páginas web, redes sociales y aplicaciones o apps, incluyendo prensa en línea, exclusivamente a la franja horaria de una a cinco de la madrugada”.
En este sentido, el proyecto se asemeja al Real Decreto de Comunicaciones, ya que también prohibiría bonos y promociones por parte de personas reconocidas y deportistas.
