La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado esta semana un plan urbanístico especial que, siguiendo las pretensiones que establece, derivará en que no puedan abrirse nuevas casas de apuestas ni salones de juego en toda la ciudad.
Si bien la normativa apunta a que los nuevos salones solo podrán instalarse a 800 metros de todo tipo de centros educativos (desde guarderías hasta universidades) y a 450 metros de “bibliotecas, servicios sociales, centros cívicos, casales de jóvenes, centros de ocupación (SOC) o cualquier centro de salud”, en la práctica, los operadores no tendrán sitios disponibles para inaugurar nuevos negocios.
El Gobierno de la ciudad española explicó que la aprobación del plan urbanístico surge para proteger a los colectivos vulnerables, mientras que la concejal de Salud, Gemma Tarafa, afirmó que las cifras de juego problemático son “alarmantes”.
Ante esto, Carlos Duero, el presidente de la Patronal del Juego Privado de Cataluña (Patrojoc) respondió que “Barcelona en los últimos 10 años ha visto cómo se cerraban el 24 por ciento de los salones existentes pasando de 67 a 51 salones abiertos al público”.
Y agregó que “en Cataluña la Generalitat, en 2004, legisló y marcó un número de salones, bingos y casinos. Un número que se ha reducido desde entonces. Además, la normativa de la Generalitat ya marcaba que entre un salón recreativo y otro debía haber una distancia mínima de 1.000 metros lo que ya impedía, de facto, la proliferación de nuevos negocios”.
El proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Gobierno del pasado jueves (17), que coincidió con la visita del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al Consistorio de Barcelona. Asimismo, la decisión sigue el ejemplo de Madrid, donde el Consejo de Gobierno de la Comunidad avanzó con la tramitación de la Ley del Juego local.
En este marco, el vicepresidente regional Ignacio Aguado confirmó que continuarán suspendidas las nuevas licencias hasta que se apruebe el marco regulatorio en Madrid. Desde fines del año pasado, y a través de un decreto publicado en febrero de 2020 con carácter retroactivo a noviembre de 2019, el Gobierno de la comunidad autónoma española ha prohibido la apertura de nuevos salones de apuestas deportivas.
