Crece la tensión política por el caso Calamar luego de que postergaran la medida de coerción contra los funcionarios dominicanos

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El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional de República Dominicana postergó ayer (domingo 26) por segunda vez el conocimiento de la solicitud de la medida de coerción contra los acusados de la “Operación Calamar”, y hubo revuelos en las afueras del Palacio de Justicia luego de que la Policía Nacional impidiera el avance de una manifestación organizada por el senador Yván Lorenzo.

El enfrentamiento de ayer demuestra la tensión política que está viviendo el país de Centroamérica por el involucramiento de varios funcionarios en un entramado de corrupción para generar fondos paralelos con la compra-venta de terrenos municipales y con el cobro de sobornos a operadores de juegos, loterías y apuestas deportivas.

En principio, la audiencia para conocer la solicitud de la medida de coerción estaba fijada para el martes 22 de marzo, pero fue aplazada hasta este domingo para que los abogados defensores tuvieran tiempo de interiorizarse en los documentos acusatorios presentados por el Ministerio Público. Sin embargo, ayer se volvió a decidir aplazar la audiencia para este miércoles 29 a las 9 am.

Según justificaron, la decisión de postergar nuevamente la sesión surge de una sugerencia para adicionar al expediente cinco querellas privadas interpuestas contra los acusados, entre los que se encuentran funcionarios de altos cargos del gobierno del expresidente de República Dominicana Danilo Medina, entre los años 2017 y 2020.

Los acusados más destacados son el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero; el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. En cuanto a Castillo, su abogada Laura Acosta declaró ayer que “ya leímos todo y vimos todo y no hay nada en contra de Gonzalo Castillo”.

Los documentos, liberados el pasado lunes 21 de marzo, acumulan más de 3 mil páginas con 1.200 elementos de pruebas, según compartió el Ministerio Público a la prensa dominicana. Allí se demostraría que la organización sustrajo “más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2.100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones”.

“Se han depositado querellas en el tribunal, razón por la que motivó el aplazamiento de esta audiencia, porque esas querellas deben ser notificadas a las contrapartes”, declaró Wilson Camacho, procurador adjunto y titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, quien volvió a resaltar la importancia del caso por tratarse de una “red que tocó el patrimonio público de una forma sin precedentes en la historia del país”, como había descrito la directora de Persecución del Ministerio Público, Yani Berenice Reynoso.

Actualmente, los funcionarios se encuentran detenidos y se suman a la lista de acusados los ex ministros y Daniel Omar Camaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Piccirilo, ex director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, ex director de Catastro Nacional; y Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, ex directores de Casinos y Juego de Azar, entre muchos más.

Una de las acusaciones más remarcadas es el hecho de que la organización, formada totalmente por funcionarios públicos, solicitara el pago mensual de coimas a empresas de juegos, loterías y apuestas —tanto con licencias del Estado como operadores ilegales— a cambio de no cerrar sus negocios.

Dentro de lo que se añadirá al expediente, se encuentra una solicitud del abogado del querellante Mario Díaz, para que “Gustavo Montalvo y Simón Lizardo expliquen el uso de los recursos que se cobraron por los dos pesos de la gasolina premium y gasoil para la renovación de la flotilla vehicular a través de Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes”.

Asimismo, se ha querellado la familia Gatón porque según su abogado, Francisco García Rosa, le entregaron 1.527 millones de pesos dominicanos “pero ellos solamente recibieron solo 300 millones producto del pago de una expropiación de terrenos”.