Castilla y León suspende nuevas autorizaciones de juego por dos años

La Junta de Castilla y León ha determinado que por dos años no se emitirán nuevas autorizaciones a salones de juego y apuestas, debido a una “creciente preocupación social” por un incremento en el número de establecimientos.

Según el medio Qué!, el Consejo de Gobierno aprobó ayer (jueves 10) el proyecto de ley que suspende varias medidas de la regulación del juego, con el fin de no emitir nuevas licencias por 24 meses.

La norma, que fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) esta mañana, aún necesita recibir el visto bueno de las Cortes, que esperan debatir la medida el 22 de junio.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, dijo: “Con este decreto, la Junta da respuesta a una creciente preocupación social debido al incremento de los salones de juego y las denuncias sobre el aumento de los problemas de adicción que se ha producido desde la entrada en vigor del Reglamento regulador de las apuestas en la Comunidad Castilla y León, aprobado por Decreto 53/2014, de 23 de octubre, debido a la instalación de las denominadas zonas o córneres de apuestas dentro de estos establecimientos”.

En 2015, la comunidad autónoma española contaba con 47 salones de juego y 3 casas de apuestas. En 2021, existen 131 salones y 19 casas de apuestas, con otras cinco en espera a que les den autorización para operar.

Por otro lado, Ibáñez explicó que esta medida no llega por la cantidad de los locales de juego, sino para poder garantizar un “equilibrio” entre las empresas y las personas.

“Y todo ello, haciéndolo compatible con la seguridad jurídica que necesita el sector, que también se ha visto afectado por la crisis derivada de la pandemia”, agregó.

Por su parte, la Federación Castellano y Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fecyljar) celebró la decisión de la Junta y dijo que se trata de una medida que esperan “hace mucho tiempo”, aunque buscan “mayores implicaciones para este colectivo, en especial para los jóvenes, por parte de la administración regional que engloben acciones que contemplen la protección de los derechos, su seguridad así como su salud”.