Dreams anunció un acuerdo para la venta de varios de sus casinos en Perú, tras la firma de un contrato con Cirsa. Mediante un hecho esencial ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, el operador chileno celebró el mencionado contrato de compraventa de acciones, mediante la cual la empresa española se quedaría con las operaciones del Casino New York, Casino Luxor, Casino Pachanga y Casino Mystic.
El precio total de la compraventa se fijó en 18 millones de dólares. A su vez, la transacción deberá ser sometida a las condiciones usuales para este tipo de instancias, incluyendo autorizaciones regulatorias en Perú, según adelantó Dreams en su hecho esencial.
Dreams es uno de los tres grandes operadores de casinos en Chile, junto a Marina del Sol y Enjoy. Posee 22 permisos de operación, de los cuales nueve son en Chile, siete en Perú, cuatro en Colombia, uno en Argentina y uno en Panamá.
A partir de este movimiento, Dreams se desprende casi de la totalidad de su operación en Perú, manteniendo la operación de sólo dos casinos en dicho mercado: Fiesta y Pachanga Independencia ubicados en Lima.
Dreams renuncia al permiso de operación del casino de Iquique
La empresa comunicó, hace cuatro meses, su renuncia al permiso de operación de la sala municipal de Iquique. A través de un hecho esencial presentado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía oficializó que desiste de sus intenciones de explotar dicha plaza a través de su filial Entretenimientos Iquique S.A.
El operador explicó que su determinación se debe a que el terreno adjudicado para desarrollar el casino fue declarado monumento histórico por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el Decreto N° 9 de enero de 2019. Esa medida hace que sea imposible la construcción y el desarrollo de la plaza municipal.
Ante este escenario, Dreams se acogió al artículo 46 bis del Decreto Supremo N° 1.722 de 2015. Ese apartado habilita la renuncia en condiciones excepcionales a los permisos de casinos adjudicados, cuando existen cambios materiales o jurídicos no atribuibles al operador, previos a la etapa de certificación del proyecto.
Considerando el contexto, el operador no deberá abonar las boletas de garantía que sí hubiera tenido que pagar si hubiera renunciado por decisión propia.
