El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) identificó 60.677 registros de difusión de apuestas ilegales en internet entre el 25 de septiembre y el 9 de noviembre. Los datos fueron remitidos al Supremo Tribunal Federal (STF) el martes 17, como parte de la documentación presentada por el Gobierno Federal para defender la prohibición de las apuestas de cuota fija en Brasil.
El relevamiento incluye sitios web, páginas y perfiles en redes sociales, grupos en aplicaciones de mensajería y servidores utilizados para promover apuestas ilegales. La fiscalización se intensificó tras la publicación de la Medida Provisional nº 1.394/2026, que prohibió la explotación, la oferta, la intermediación y la publicidad de apuestas deportivas y juegos de casino online.
Según el ministerio, los canales identificados suman una audiencia estimada de 204,2 millones de usuarios. No obstante, el organismo aclaró que esta cifra no representa a personas únicas, ya que un mismo individuo puede estar presente en diferentes plataformas y ser contabilizado más de una vez.
Los sitios web representan el 85 por ciento de los registros identificados
De los 60.677 registros contabilizados por el MJSP, 51.611 corresponden a sitios web relacionados con la difusión u oferta irregular de apuestas, lo que equivale a aproximadamente el 85 por ciento del total.
En las redes sociales, Facebook concentró la mayor cantidad de registros, con 6.596 páginas. El relevamiento también identificó 1.442 grupos en Telegram, 886 perfiles en Instagram y 127 cuentas en TikTok. Asimismo, se hallaron 14 grupos en WhatsApp y un servidor en Discord. El monitoreo es realizado por la Secretaría Nacional de Derechos Digitales (Sedigi) y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp), con la participación del Laboratorio de Operaciones Cibernéticas (Ciberlab).
Según información divulgada anteriormente por el MJSP, el número de registros identificados pasó de 20.318, el 9 de octubre, a más de 60.000 el 9 de noviembre. Las cifras del ministerio, junto con los datos de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), indican que el número de sitios ilegales de apuestas se ha disparado desde la medida provisional; algo sobre lo cual todo el sector regulado ya había advertido, dado que prohibir no elimina la demanda de apuestas.
Además, los delincuentes han utilizado la identidad visual de sitios previamente autorizados, como Betano, para engañar a los consumidores y cometer fraudes.
El gobierno solicita la eliminación de perfiles de influencers
La fiscalización también ha alcanzado a influencers digitales que utilizan sus redes sociales para promocionar plataformas de apuestas.
El MJSP informó que ha solicitado la eliminación de 348 perfiles en Instagram relacionados con la difusión de esta actividad. En conjunto, estas cuentas suman más de 150 millones de seguidores, según el gobierno.
La actuación del ministerio tiene como objetivo impedir que las plataformas ilegales sigan llegando a los apostadores a través de las redes sociales y otros canales de difusión, incluso después del bloqueo de los sitios utilizados para ofrecer apuestas.
El gobierno utiliza un informe para defender la prohibición de las apuestas ante el STF (Supremo Tribunal Federal).
Los datos fueron presentados ante el STF en medio de la discusión sobre la constitucionalidad de la MP n.º 1.394/2026, la cual ha sido impugnada judicialmente por representantes del sector de las apuestas.
El ministro Luiz Fux, ponente de las causas que cuestionan la medida, llevó a cabo una audiencia pública el 3 de noviembre para escuchar a representantes del gobierno, de entidades del sector y de otras organizaciones interesadas en el tema.
En la documentación remitida al Supremo, el MJSP argumenta que los registros demuestran la magnitud de la promoción de apuestas ilegales en el entorno digital, así como la utilización de diversas plataformas para llegar a potenciales apostadores.
La semana pasada, el Congreso Nacional prorrogó la vigencia de la MP por 60 días. Por su parte, Fux aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión ante el STF. Los actores del sector regulado estiman que una posible reapertura del mercado no tendría lugar hasta 2027.

























