La Policía Federal investiga a Esportes Gaming Brasil con la Operación Cash Out

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La Policía Federal de Brasil puso en marcha, en la mañana de este miércoles 18, la Operación Cash Out, que tiene como uno de sus principales objetivos a Darwin Henrique da Silva Filho, CEO del grupo Esportes Gaming Brasil, responsable de las marcas Esportes da Sorte, Lottu y Onabet. La operación, realizada en conjunto con la Receita Federal (autoridad tributaria) y el Ministerio Público Federal, investiga sospechas de explotación ilegal de apuestas de cuota fija, evasión de divisas, evasión fiscal y lavado de dinero.

La Justicia Federal de Pernambuco ordenó el bloqueo de 2.300 millones de reales en activos financieros de los investigados, además de autorizar otras medidas sobre su patrimonio. En total, se están ejecutando 59 órdenes de registro e incautación en cinco estados brasileños.

Darwin Filho fue señalado como el principal objetivo de la operación por los principales medios de comunicación de Brasil, como g1 y UOL. Esportes da Sorte era una de las mayores marcas en el mercado regulado de apuestas online antes de que la actividad fuera prohibida por la Medida Provisoria (MP) nº 1394/2026, publicada el 25 de septiembre. Al igual que todas las demás empresas que contaban con autorización para operar en Brasil, se vio obligada a interrumpir sus actividades tras la emisión de dicha medida.

La investigación aborda sospechas relacionadas, principalmente, con operaciones financieras realizadas antes de la obtención de la autorización federal para explotar apuestas.

La Policía Federal investiga el envío de más de 500 millones de euros al extranjero

Según la Policía Federal, el grupo empresarial investigado habría explotado de manera irregular juegos y apuestas antes de obtener la autorización de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF) en 2025, moviendo recursos a través de empresas brasileñas y extranjeras.

“Las investigaciones señalan que el grupo delictivo habría explotado ilegalmente el mercado de juegos y apuestas antes de obtener la concesión y autorización para dicha actividad, enviando al extranjero sumas que superan los 500 millones de euros y reingresando parte de ese capital mediante el uso de instituciones de pago”, indica la nota oficial de la Policía Federal (PF).

Y agrega: “Los fondos obtenidos ilícitamente no fueron declarados ante la autoridad fiscal; una parte se utilizó para obtener la concesión y autorización para la explotación de la actividad ante el Ministerio de Hacienda. Otra parte de los recursos fue objeto de operaciones destinadas a integrarlos en el sistema financiero de los investigados, mediante la creación de diversas empresas y la simulación de operaciones comerciales entre ellas, destacándose el pago de beneficios y dividendos a los socios”.

Así, la Receita Federal informó que detectó indicios del uso de una empresa con sede en Curazao para registrar formalmente plataformas de apuestas dirigidas al público brasileño. A pesar de la estructura extranjera, las operaciones eran ejecutadas por empresas establecidas en Brasil.

Entre septiembre de 2022 y noviembre de 2024, la empresa extranjera habría estado vinculada a operaciones cambiarias superiores a los 1.000 millones de euros. La autoridad tributaria también habría identificado remesas al extranjero por aproximadamente 26,7 millones de dólares, así como indicios de que se mantenían más de 129 millones de euros fuera del país sin la correspondiente declaración ante las autoridades brasileñas.

Estas cifras forman parte de distintos análisis realizados por los investigadores y no deben sumarse como si representaran movimientos independientes. Asimismo, la Receita Federal ha iniciado 12 procedimientos de fiscalización para investigar posibles infracciones tributarias y determinar los importes que, en su caso, deban ser abonados.

La Operación Cash Out ejecuta 59 órdenes judiciales en cinco estados

Según la Policía Federal, aproximadamente 140 agentes federales y 17 auditores de la Receita Federal participan en la Operación Cash Out, acompañados por seis miembros del Ministerio Público Federal.

Las órdenes judiciales de la Operación Cash Out fueron emitidas por la Justicia Federal de Pernambuco y se están ejecutando en Recife, Ipojuca y Gravatá (Pernambuco); São Paulo y Porto Feliz (São Paulo); Angra dos Reis (Río de Janeiro); Curitiba (Paraná); y Balneário Camboriú (Santa Catarina).

Las medidas patrimoniales informadas por la Policía Federal abarcan cinco aeronaves, un yate adquirido por 40 millones de reales, 14 vehículos —incluidos automóviles de lujo— e inmuebles de alto valor.

Entre los bienes mencionados por las autoridades se encuentran apartamentos en el paseo marítimo de Boa Viagem, en Recife; un ático adquirido por 42 millones de reales en São Paulo, y una residencia comprada por 100 millones de reales.

Además de los posibles delitos financieros y tributarios, la Policía Federal investiga sospechas de organización criminal y el mantenimiento de fondos en el extranjero sin declarar. La investigación podría ampliarse en función del análisis de los documentos y materiales incautados durante la operación.
La Policía Federal investiga a Esportes Gaming Brasil con la Operación Cash Out