El mes pasado, el Senado de Brasil aprobó la creación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para abordar la regulación de las apuestas deportivas, con especial foque en los casos de amaños que tienen al fútbol envuelto en una controversia nacional.
Una vez establecida la comisión, desde el Senado confirmaron que el trabajo se basará en dos ejes por separado. En primer lugar, se plantearán requisitos desde el área penal, desde donde se investigarán las sospechas por amaños de partidos en los que estén involucrados jugadores profesionales, clientes de casas de apuestas, operadores y clubes.
El otro eje se enfocará en la regulación de las apuestas, estableciendo los requisitos de la reglamentación de la ley aprobada en 2018 sobre la industria. Así, destacaron que el primer debate gira en torno a prohibir los denominados “aspectos negativos del juego”, como amonestaciones, penales y saques de esquina.
Según justificaron en su reporte, las últimas investigaciones por amaños en el fútbol profesional de la Serie A y B de Brasil, denominadas Operación Máxima Pena, involucran apuestas sobre estos tipos de “aspectos negativos”, por lo que se intentaría principalmente prohibir estas ofertas. El caso está siendo llevado a cabo por el Ministerio Público de Goiás, que realizó las primeras denuncias contra clubes y futbolistas.
Como comentó el presidente de la CPI, Julio Arcoverde, al diario local O Globo, la comisión ya ha convocado a los fiscales que encabezan la investigación del Ministerio Público de Goiás con el objetivo de “acelerar el trabajo” del colegiado. “Con la colaboración de la fiscalía, la CPI podrá avanzar en otros frentes y, con eso, cumplir el objetivo de tener su trabajo cerrado antes del final del campeonato brasileño de este año”, aseguró.
Y dijo: “Queremos ganar tiempo y terminar el trabajo antes del final del campeonato brasileño, para que no haya una mancha en las divisiones con partidos en curso. De esta manera, contamos con la colaboración y el acceso a la información del MP de Goiás. No por casualidad, los atletas ya mencionados serán automáticamente llamados a declarar también”.
De esta forma, la CPI también convocó a ocho jugadores acusados para que declaren ante los senadores. “En una segunda etapa, pretendemos llamar al arbitraje para declarar. Queremos saber quién hace y cómo se escala el arbitraje en todo el país. ¿Cuál es la transparencia de esta elección? Pero, ya damos por hecho, incluso antes del inicio de los trabajos, que el informe final de la CPI pedirá la creación de un proyecto de ley para regular las apuestas”, sostuvo Arcoverde.
Actualmente, la Comisión Parlamentaria de Investigación ya ha recibido siete solicitudes para atender distintas propuestas sobre la industria, y trabaja en las declaraciones de los futbolistas para acompañar el avance de la causa Operación Máxima Pena. Además, declarará el presidente de Vila Nova Futebol Clube, Hugo Jorge Bravo, quien fue la primera persona en denunciar el presunto esquema a las autoridades de Goiás.
Paralelamente, los técnicos que asistirán el trabajo del colegiado llevan a cabo un análisis de regulaciones en otros mercados de juegos y apuestas “para sustentar la propuesta de prohibir este tipo de apuestas”. La prohibición sobre los “aspectos negativos”, en caso de ser propuesta oficialmente por la comisión, modificaría la actual medida provisional que está a punto de ser firmada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Mañana martes (23 de mayo), brindarán información más precisa sobre este tema, ya que de esta forma la comisión tendría un plazo de 120 días para modificar la propuesta de reglamentación y, así, se retrasaría nuevamente la entrada en vigor del mercado de apuestas deportivas en el país.