Por una recusación presentada por parte de la defensa de José Antonio Ortiz Báez, ex titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), vuelven a suspender la audiencia preliminar contra el ex funcionario imputado por “lesión de confianza” durante el proceso de licitación de las loterías en Paraguay.
En principio, la audiencia tendría que haber tenido lugar a comienzos de agosto del año pasado, pero fue suspendida en esta instancia por “la cantidad de recursos interpuestos ante la Justicia sin resolver”. En esta misma línea, se determinó una nueva suspensión esta semana, después de que presentaran una recusación al juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
En consecuencia, Otazú prorrogó nuevamente la audiencia preliminar y elevó el informe al Tribunal de Apelación en lo Penal para que evalúe la solicitud de apartar al magistrado y continuar con el proceso penal bajo un nuevo panorama.
Previamente, la fiscal María Estefanía González había presentado la acusación contra Ortiz y otros funcionarios y había solicitado al juzgado que eleve el caso a juicio oral, habiendo suficientes elementos para llegar a una condena.
A pesar de eso, el proceso sigue demorado por los recursos de la defensa y deberá atravesar algunas instancias legales más antes de que se pueda concretar (o no) el pedido de la fiscal.
Se trata del caso que involucra al ex titular de la Conajzar por la adjudicación de la licencia de operación para la Quiniela, una modalidad local de loterías, a la empresa Technologies Development Of Paraguay S.A., que fue acusada de incumplir con las obligaciones contractuales durante la vigencia del acuerdo.
Pese a estos incumplimientos, en 2020, Conajzar nuevamente le adjudicó la licencia de operación, por lo que la autoridad del juego —junto con otras acusaciones legales que enfrenta— fue imputada por lesión de confianza, exacción, prevaricato y declaración falsa.
Además de Ortiz Báez, está afectado el exprocurador Sergio Coscia y la titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Carmen Alonso.
Asimismo, Álvaro Wasmosy Carrasco, directivo de TDP, fue imputado en la misma causa. Según explicaron desde la fiscalía, la firma TDP había declarado que no adeudaba ningún impuesto al competir por la licencia de juego en el país. Tras esta declaración, para la Justicia, el empresario habría mentido ya que habían incumplido con uno de los cánones establecidos en la ley, aunque desde TDP sostienen que “se trata de un impuesto inaplicable por falta de reglamentación”.
La investigación contra ambas entidades surge luego de la denuncia de los senadores Enrique Bacchetta, Esperanza Martínez y Jorge Querey presentada ante el Ministerio Público de Paraguay en agosto de 2021.
Los senadores denunciaron presuntas irregularidades al momento de adjudicarle las operaciones de loterías a TDP, mientras que también acusaron a Conajzar de infringir la ley al permitir la operación de slots en salones que no son exclusivos de juegos y al conceder un descuento en los impuestos aplicados a las empresas de la industria.
Se espera ahora una nueva fecha para la audiencia preliminar y que avance el juicio contra todos los imputados, mientras se esperan nuevas declaraciones de la Conajzar con respecto a otras acusaciones tras otorgarle la licencia de apuestas deportivas, en carácter de monopolio, a otra empresa acusada de incumplimientos contra el Estado, Daruma Sam, y su plataforma Apostala.
Los logros de Conajzar
Mientras tanto, y pese a todas las controversias que envuelven al regulador de juegos y apuestas de Paraguay, las actividades de 2022 han demostrado ser altamente rentables para la industria local. Así, Conajzar celebró el 2022 como el año récord en recaudación en sus 25 años de historia.
Según notificó, el organismo ha recaudado más de 143,7 mil millones guaraníes, mientras que en diciembre del año pasado se alcanzaron 12,5 mil millones, lo que supera en un 12,98 por ciento lo notificado en el último mes de 2021.
