El 2022 comenzó con una nueva controversia en torno a la industria del juego en Paraguay, ya que la Justicia ha imputado a varios directivos de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), incluido el titular del organismo, José Antonio Ortiz Báez, así como también al representante de TDP, Álvaro Wasmosy Carrasco.
Tras el allanamiento a la Conajzar esta semana, el abogado de la firma de juegos TDP (Technologies Development of Paraguay SA), José Fernández Zacur, aseguró a la prensa de Paraguay que el operador no ha incurrido en ningún delito.
La defensa surge luego de que Wasmosy Carrasco fuera imputado por “declaración falsa”, además de que se investiga el proceso por el cual la Conajzar le otorgó a TDP la licencia de operación de las loterías.
Según explicaron desde la fiscalía, la firma TDP había declarado que no adeudaba ningún impuesto al competir por la licencia de juego en el país. Tras esta declaración, para la Justicia, el empresario habría mentido ya que habían incumplido con uno de los cánones establecidos en la ley, aunque desde TDP sostienen que “se trata de un impuesto inaplicable por falta de reglamentación”.
Asimismo, el representante legal de la compañía aseguró que “la declaración falsa es un hecho punible contra la prueba testimonial”, por lo tanto, “solo se admite en aquellos procesos en los cuales pueda abrirse una etapa probatoria que permita la producción de testimonios y obviamente el proceso licitatorio no es ese tipo de proceso”.
Y remarcó: “La existencia o no de mora está actualmente en un proceso contencioso controvertido que todavía tiene mucha tela por cortar y para nosotros la imputación fiscal carece de sustento jurídico suficiente”.
La investigación surge luego de la denuncia de los senadores Enrique Bacchetta, Esperanza Martínez y Jorge Querey presentada ante el Ministerio Público de Paraguay el pasado agosto contra la Conajzar. Los senadores denunciaron presuntas irregularidades al momento de adjudicarle las operaciones de loterías a TDP, mientras que también acusaron a Conajzar de infringir la ley al permitir la operación de slots en salones que no son exclusivos de juegos y al conceder un descuento en los impuestos aplicados a las empresas de la industria.
De esta forma, el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú procesó penalmente por supuesta lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción a Ortiz Báez, así como a Sergio Coscia, ex procurador general de la República y actual apoderado del vicepresidente Hugo Velázquez, por presuntas irregularidades a la hora de adjudicar permisos de operación de slots.
La fiscal María Estefanía González también ordenó nuevos allanamientos, mientras que el juez “admitió la imputación el pasado viernes y fijó para el 19 y 20 de enero la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se decidirá si son beneficiados con medidas alternativas o se decreta la prisión preventiva de los imputados”.
