España vuelve a encender las alarmas del sector crypto tras la presentación de una polémica propuesta fiscal del grupo parlamentario Sumar, que plantea elevar significativamente la carga impositiva sobre los activos digitales, ampliar la lista de bienes embargables e introducir un sistema de clasificación de riesgos obligatorio para plataformas y criptoactivos.
La iniciativa, que según expertos podría “alterar por completo la operativa del mercado local”, fue recibida con preocupación por analistas económicos y legales, que advierten sobre un posible escenario de caos regulatorio.
De acuerdo con el texto presentado, Sumar busca que las ganancias en crypto pasen a tributar dentro del IRPF, lo que llevaría el tipo máximo del 30 por ciento actual al 47 por ciento. Además, los beneficios en activos digitales de los profesionales del sector pasarían a gravarse al 30 por ciento.
A esto se suma una modificación en la definición de bienes embargables, ya que el proyecto propone incluir todos los criptoactivos en posesión de particulares y empresas, una exigencia que incluso va más allá de lo contemplado por el reglamento europeo MiCA.
El grupo también sugiere equiparar el tratamiento de las crypto al de los productos financieros tradicionales, lo que implicaría cambios concretos en cómo los inversores españoles deben declarar, conservar y gestionar sus activos digitales. En la práctica, la reforma significaría una reestructuración profunda del marco regulatorio actual.
Dentro de las medidas más comentadas aparece la creación de un “semáforo de riesgo” obligatorio para todas las plataformas de compraventa y custodia. La idea es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) implemente un sistema visual que permita identificar el nivel de seguridad de cada criptoactivo en función de criterios como registro regulatorio, liquidez o mecanismos de protección al usuario.
Si bien el objetivo declarado es “ofrecer información clara y estandarizada a los inversores”, su aplicación requeriría “herramientas técnicas robustas y una supervisión constante para evitar distorsiones o clasificaciones erróneas, especialmente en un mercado tan volátil como el actual”.
Por su parte, el economista José Antonio Bravo Mateu consideró ante la prensa local que las enmiendas “van claramente en contra de Bitcoin, Ethereum y otros criptoactivos”. Asimismo, la abogada especializada Chris Carrascosa calificó la propuesta como “inaplicable” y advirtió que podría desencadenar “un caos absoluto” dentro del régimen fiscal español.
Entre las principales preocupaciones del sector aparece la posibilidad de que una carga impositiva tan elevada termine desincentivando la adopción y empujando parte de la actividad hacia circuitos no declarados, donde sería más difícil garantizar protección al consumidor.
También se advierte que elevar el IRPF al 47 por ciento situaría a “numerosos tenedores de crypto en el umbral de altas rentas, con un impacto directo en la liquidez del mercado”. A esto se suma la posición que sostiene que “una reforma tan agresiva puede derivar en impugnaciones legales y erosionar el atractivo de España como jurisdicción para la innovación financiera”.
Más allá de las crypto, España ajusta sus políticas online
El debate sobre el futuro fiscal de los activos digitales se produce en un momento en el que España ya atraviesa fuertes tensiones regulatorias dentro de la industria del juego y las apuestas.
Distintos operadores advierten que, aun cuando las autoridades buscan reforzar la protección al consumidor, las últimas medidas parecen haber quebrado cierto equilibrio en la relación entre usuarios, empresas y reguladores.
En diálogo reciente con SBC Noticias, el abogado especializado Santiago Asensi de Asensi Abogadossostuvo que, en el caso del juego online, “en la actualidad no existe un equilibrio real entre la protección del consumidor y la libertad empresarial de los operadores en España”.
Para él, las normas vigentes y las que están en proceso de aprobación avanzan casi exclusivamente hacia un mayor nivel de restricciones, sin contemplar suficientemente el rol económico del sector. “Los operadores desean, igualmente, contribuir a un mercado de juego seguro, responsable y atractivo, pero se enfrentan cada vez más a un entorno normativo en el que predominan las limitaciones”, explicó.
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