¿Por qué es tan difícil conseguir datos oficiales por parte de las entidades fiscalizadoras de Latinoamérica sobre la recaudación percibida por la industria del juego y las apuestas?
Actualmente, sólo dos organismos de Latinoamérica comparten publicaciones mensuales o trimestrales sobre los montos generados por la industria y sobre los fondos destinados a los distintos programas sociales establecidos por los Estados: Coljuegos de Colombia y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de Chile.
De estos dos, Colombia es el único que posee un mercado completamente regulado de juegos, que abarca no sólo los casinos y las loterías —como en Chile—, sino también el juego online, las apuestas deportivas, los bingos, el póker y más. Además, las publicaciones de Coljuegos, abiertas para todo el público interesado en este sector, hacen un detalle sobre la recaudación de cada vertical por separado, y lo destinado posteriormente a las arcas estales.
Por su parte, la SCJ sólo detalla los montos recaudados por los casinos, aunque los resultados son bien específicos, al indicar los aportes de cada establecimiento.
A pesar de que se conocen, a grandes rasgos, los resultados de otros mercados, como fue el caso, por ejemplo, de Perú o Paraguay en 2022, en general, encontrar reportes detallados sobre la actividad económica de la industria es ciertamente difícil en Latinoamérica.
Uno de los argumentos más esgrimidos por la industria del juego y las apuestas que aboga su regulación en todos los mercados regionales es la contribución económica para las jurisdicciones donde ofrecen los servicios. Por tal motivo, sería muy útil que las autoridades pudieran demostrar mes a mes cuál ha sido el desarrollo de la industria por mercado, y cuánto de este porcentaje se destinó a los propósitos definidos por la ley.
Si bien los organismos gubernamentales se distinguen por tener, en su mayoría, un sitio web actualizado con detalles sobre las empresas con licencia, las últimas novedades institucionales, los resultados de las loterías (por lo general, operadas por el mismo Estado), igual suele ser difícil, como ciudadano regular, ingresar a una sección de estadísticas o cifras económicas, ya sea porque el acceso está muy rebuscado, el link no funciona o, directamente, no existe dicha sección.
En algunos casos, hasta es más sencillo encontrar relevamientos, en su mayoría elaborados por organizaciones financieras privadas o agencias de encuestas, anteriores a las regulaciones que hoy están en vigor, como sucede con Brasil.
Sin embargo, las leyes más modernas de juego online o apuestas deportivas, como las que hemos visto surgir en los últimos 5 años, suelen basarse en las regulaciones de España y Colombia, que proponen la creación de entidades específicas para el control, la fiscalización y la regulación de la industria, y que quedan obligadas a difundir estos datos.
Si se quiere mejorar la imagen de la industria a nivel global, además de demostrar a los opositores de la regulación que la actividad está beneficiando al conjunto, sería bueno que se empezara por contar con datos oficiales de los gobiernos y de las empresas autorizadas, respetando la mayoría de las leyes actuales que exigen la libre circulación de esta información.
España es un ejemplo llamativo en este sentido, ya que impulsó el camino regulatorio en los mercados latinoamericanos al lanzar su Ley 13/2011 de juego online y apuestas deportivas en mayo de ese año, dando comienzo a una industria hispanohablante oficial. Desde entonces, se ha posicionado como el ejemplo a seguir por todos los países que inician con el proceso de regulación, incluso hoy en día en que ha añadido reformas controversiales.
Por un lado, vemos cómo Colombia ha centrado su regulación en el caso exitoso de España, allá por 2016, y cómo hoy en día las restricciones publicitarias y las limitaciones aplicadas al mercado español están marcando el camino a seguir también en Chile, que busca prohibir los patrocinios de las casas de apuestas en el deporte.
Pero lo que no se ve directamente replicado en Latinoamérica, y sí queda claro solo con acceder al sitio de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) de España, es la prolijidad y constancia en la publicación de información sobre la industria. Por el momento, solo la DGOJ hizo públicos, con total claridad, datos como las normas que hoy en día están en vigor para toda la industria —desde la ley de 2011 hasta los últimos Reales Decretos aprobados—, los convenios y acuerdos con organismos públicos y privados para mejorar el desarrollo del juego, las resoluciones y demás documentos en los que se basa para controlar, fiscalizar y homologar servicios de juego y, por supuesto, los reportes financieros trimestrales completos y detallados.
Teniendo estos datos en todo Latinoamérica, sería más claro el panorama de cada mercado regulado, como las oportunidades de inversión, las tendencias en jurisdicciones que padecen una sobre-regulación, los beneficios sociales obtenidos bajo el marco legislativo específico, el aporte al sector deportivo, entre más variables.
Por esta razón, cabe preguntarse cuál es la ganancia de no contar con estos datos, quién se está beneficiando y por qué no hay más presión hacia los Estados para que difundan esta información con mayor frecuencia y accesibilidad.
