La semana pasada, la concejala Adriana Gerônimo presentó el Proyecto de Ley Ordinario nº 0332/2025, en el Ayuntamiento de Fortaleza, con el objetivo de restringir la presencia de publicidad de casas de apuestas en espacios públicos de la ciudad.
Espacios como vallas publicitarias, paradas de autobús, paneles LED, vehículos de comunicación cedidos por la municipalidad e incluso uniformes escolares o deportivos vinculados a instituciones públicas quedarían prohibidos de exhibir anuncios y logotipos de casas de apuestas.
Según el texto, la medida se justifica por la necesidad de proteger a la población, especialmente a niños, adolescentes y jóvenes, de la exposición constante a este tipo de publicidad, que estaría contribuyendo al aumento de casos de adicción al juego, deudas y trastornos psicológicos.
Sobre esto, Gerônimo destacó: “La popularización de las ‘apuestas’ está directamente relacionada con la exposición masiva de sus marcas en espacios públicos y medios de comunicación, muchas veces asociadas al deporte y al ocio juvenil”.
Las sanciones para quienes incumplan la ley incluyen una notificación para retirar inmediatamente la publicidad, multa de hasta 10.000 reales por pieza publicitaria, que se duplicaría tras múltiples advertencias, y hasta la suspensión de la licencia municipal de publicidad en caso de reincidencia.
La legislación también abarca los eventos deportivos, culturales y educativos patrocinados o apoyados, directa o indirectamente, por las autoridades públicas municipales, reforzando la intención de evitar vínculos institucionales entre el municipio y estas plataformas.
Inspirado en iniciativas similares como la que se tramita en la Asamblea Legislativa de Pernambuco, el concejal afirma que Fortaleza tiene la autoridad de regular el uso de sus espacios públicos y concesiones, promoviendo medidas en defensa de la salud pública y la seguridad social.
De aprobarse, la nueva ley entrará en vigor en la fecha de su publicación, y corresponderá al Poder Ejecutivo regular los procedimientos de inspección y aplicación de sanciones.
Otros proyectos de ley en trámite sobre juegos y apuestas en Brasil
El martes 13, un grupo de parlamentarios del llamado Gabinete Compartido presentó un conjunto de cuatro proyectos de ley con el objetivo de restringir las actividades de las plataformas de juegos y apuestas online.
Otra iniciativa, el Proyecto de Ley Nº 2278/2025, prevé la limitación y prohibición de transacciones financieras para grupos vulnerables. En este grupo se incluyen personas con calificación crediticia negativa, registradas en CadÚnico, relativamente incapaces o que se han autoexcluido de las plataformas de apuestas.
Cerca de 20.77 millones de familias están cubiertas por Bolsa Família. De esta manera, el programa llega a alrededor de 54,37 millones de personas, de las cuales 25 millones son niños, niñas o adolescentes de cero a 18 años. Además, el Pago Continuo de Beneficio (BPC) llega a más de 4,7 millones de brasileños.
Con esta decisión, el gobierno sigue la determinación del Supremo Tribunal Federal (STF), que en noviembre de 2024 confirmó por unanimidad la decisión del ministro Luiz Fux, que determinó la adopción inmediata de medidas especiales de protección para evitar el uso de recursos de programas sociales, como la Bolsa Família, en apuestas deportivas.
“Esto todavía está en las etapas finales de alineación, especialmente legal, pero también técnica, para ver si cumple con la decisión de la Corte Suprema [Federal]”, señaló Dudena.
Según una investigación realizada por Folha de São Paulo, la Procuraduría General de la República (AGU) afirmó que el Poder Ejecutivo no tiene medios técnicos para prohibir el gasto de los beneficiarios de la Bolsa Família, ya que no es posible distinguir el dinero del beneficio de otros valores recibidos por la familia en una determinada cuenta bancaria.
Por otro lado, los parlamentarios también proponen una intervención directa en la dinámica financiera de los jugadores con el proyecto de ley nº 2280/2025. Según la propuesta, el 25 por ciento de todas las cantidades apostadas se transferirían automáticamente a una cuenta de ahorros a nombre del jugador. La intención es fomentar el hábito del ahorro y crear conciencia sobre el impacto financiero del juego.
Finalmente, el Proyecto de Ley nº 2279/2025 busca impedir que agentes públicos con funciones de gestión, asesoramiento o regulación se involucren con empresas del sector de apuestas, con el objetivo de frenar los conflictos de intereses y el uso indebido de información privilegiada.
Además de las propuestas legislativas, el grupo envió una Recomendación al Ministerio de Salud sugiriendo la creación de programas específicos dentro del SUS para tratar y prevenir la adicción al juego, una condición ya reconocida como trastorno mental por la Organización Mundial de la Salud. La idea es capacitar a los equipos de salud y establecer alianzas con los gobiernos locales para combatir el problema a nivel comunitario.
