El Parlamento de Galicia comienza el debate sobre la actualización de la ley de juego de 1985

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En la jornada de ayer (martes 8), el Parlamento de Galicia inició el proceso de tramitación de la Ley de Juego, para actualizar la regulación actual, que entró en vigor en 1985 y desde entonces no ha sido renovada.

Al haber incluido el proyecto en la agenda de debates, pese a las críticas, el Parlamento iniciará el desarrollo de la regulación desde hoy, que por la demora en el tratamiento se ha establecido una medida provisional desde 2019 para paralizar cualquier tipo de proceso de licitación en la comunidad autónoma española.

Entre algunas de las medidas pretendidas, la ley busca permitir solo dos casinos, doce bingos, 118 salones de juego y 41 tiendas de apuestas. En total, se podrían sumar cuatro nuevas salas de juego y ocho nuevas casas de apuestas presenciales. Así, las licencias tendrán una vigencia de 15 años.

“Nos mueve la prevención y la protección, poder ofrecer seguridad, garantizando la protección de los menores y velando por el orden público. Buscamos un juego responsable”, dijo el vicepresidente del Parlamento Diego Calvo

Además, recordó que el proyecto ya fue sometido a “todo tipo de informes y organismos”, por lo que celebra que el Parlamento haya dado el visto bueno al debate a partir de esta semana.

Por otro lado, se subrayó que se prohibirá la instalación de todo tipo de establecimiento relacionado con el juego y las apuestas a menos de 300 metros de centros educativos y de centros de rehabilitación de personas que padecen juego problemático.

En este sentido, los jugadores de estos establecimientos quedarán excluidos de la posibilidad de solicitar préstamos o créditos a los bancos oficiales “y tampoco se permitirá conceder bonificaciones, partidas gratuitas o cualquier elemento que se pueda canjear por dinero”.

Por su parte, los operadores de casinos, bingos, casas de apuestas y demás, deberán contar con un proceso de acceso y registro para evitar el ingreso de menores de edad y personas autoexcluidas. Asimismo, no podrán realizar publicidades en medios públicos.

Otras medidas sobre el juego en Galicia

La Xunta de Galicia busca favorecer un entorno de juego responsable y reducir los posibles efectos negativos de la industria. Por eso, el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, firmó convenios de colaboración con asociaciones de jugadores con conductas patológicas.

Puntualmente, el funcionario estrechó lazos en nombre del Gobierno con la Asociación Gallega de Ludópatas en Rehabilitación (AGALURE) y de la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos (AGAJA).

Como parte del acuerdo, les dará financiación por 5.000 euros para apoyar campañas de prevención, promoción, divulgación, información y asesoramiento en materia de juego responsable.

A través de este acuerdo, la Xunta busca fortalecer el rango de acción de ambas organizaciones, en sus esfuerzos por asistir a jugadores con problemas de adicción. Puntualmente, el énfasis está puesto en la información, orientación y sensibilización sobre este tema al conjunto de la sociedad.

Además, el Conselleiro de Facenda de Galicia, Valeriano Martínez, firmó una orden que modifica las regulaciones de presentación y pago de impuestos del abono electrónico de tasas que gravan a los casinos, apuestas deportivas, bingo y máquinas. La Xunta detalló que los cambios buscan adaptar las órdenes reguladoras del pago de los impuestos manejados por la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) a los cambios en las modalidades virtuales y pagos electrónicos.

Estas modificaciones responden a lo establecido en un decreto de 2020 en el cual se determinó regular los pagos que se realizan mediante tarjetas de crédito o débito y en comercios electrónicos mediante un sistema terminal punto de venta virtual.

Asimismo, también dispone que si los tributos se pueden pagar en persona, cualquiera de las delegaciones de Atriga puede ofrecer terminales punto de venta físicas.

Es por eso que “es necesario actualizar todas las disposiciones normativas en las que se regulan los procedimientos de pago de deudas tributarias”, dijo el Gobierno.