A más de dos años de haber recuperado la administración del Hotel Casino Carmelo, el Estado uruguayo todavía no ha definido qué hará con el emblemático edificio, cuestionado por funcionarios opositores.
Mientras el casino, que alguna vez fue símbolo del turismo regional, permanece cerrado, el gobierno no ha presentado un proyecto concreto.
En 2021, tras la salida del grupo argentino Boldt, que hasta ese momento operaba el casino, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección General de Casinos recuperaron el control del inmueble con la promesa de encontrar una solución que devolviera vida al complejo.
Sin embargo, desde entonces no se han tomado decisiones claras, y en las últimas semanas el asunto volvió al centro del debate político local.
Los cuestionamientos al Hotel Casino Carmelo
En declaraciones recogidas por la prensa uruguaya, el director nacional de Casinos, Gustavo Anselmi, admitió que el gobierno no tiene resuelto qué hacer con el predio. “Estamos viendo cuál es el camino más adecuado”, señaló, al tiempo que reconoció que se han manejado distintas opciones, entre ellas el llamado a licitación para una nueva concesión privada, aunque sin definiciones concretas.
La situación ha generado malestar tanto en autoridades departamentales como en referentes de la oposición, que acusan al Ejecutivo de «desidia y falta de visión estratégica”.
Por su parte, el senador Nicolás Viera ha sido una de las voces más críticas, advirtiendo que el hotel —construido en 1961— está “cada vez más abandonado” y que el Estado está perdiendo la oportunidad de activar una infraestructura clave para el desarrollo del turismo en la región.
En paralelo, el edificio comienza a mostrar signos visibles de deterioro. Sin mantenimiento y cerrado desde hace meses, el ex casino y hotel ha dejado de ser un atractivo y corre el riesgo de convertirse en una carga para el propio Estado, que no encuentra salida para su puesta en valor.
La expectativa de que se realice un nuevo llamado público sigue activa, pero por el momento no hay plazos definidos ni documentos oficiales que lo anticipen.
