Luigi Pierto Taliento, representante de Vidaplan en Uruguay, quedó imputado por la Fiscalía de Maldonado, bajo el cargo de “justicia por mano propia”, tras incumplir con el pedido del Gobierno de reabrir todas las salas de juego del país, incluyendo al casino Nogaró de Punta del Este, que Vidaplan opera en conjunto con la Dirección General de Casinos (DGC).
Según trascendió, Vidaplan interpuso un Recurso Administrativo contra dicha resolución y, posteriormente, la Fiscalía comprobó que personal de vigilancia de la propia empresa privada impedía que funcionarios de la Dirección General de Casinos ingresen a la sala para trabajar en la reactivación de las operaciones.
En 2010, la entidad gubernamental dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay firmó un acuerdo con Vidaplan para operar en conjunto el casino por 15 años. A fines de 2019, la empresa denunció a la DGC por “daños y perjuicios”, ya que el organismo regulador habría permitido “la competencia desleal en la ciudad”.
Según explicaron, el contrato de operación conjunta incluía la condición de que se cerrara la sala de juegos de Punta Shopping, aunque esto no sucedió, y además se permitió la expansión de dicha sala, que es operada exclusivamente por el Estado uruguayo.
La compañía había propuesto la rescisión del contrato y la correspondiente indemnización por parte de las autoridades. Sin embargo, el cambio de gobierno en Uruguay dilató la negociación y Vidaplan S.A. decidió abandonar la operación del casino. Así, informó meses atrás que el casino no volvería a abrir sus puertas.
Con la reactivación de la industria y el comercio nacional tras meses de restricciones por el coronavirus, el Gobierno determinó que se reabrieran los casinos. Por su parte, “el imputado comunicó a los empleados de Vidaplan S.A. que el casino no iba a abrir, que no se cumplirían con los servicios periféricos (seguridad, limpieza, mantenimiento, vigilancia) y que no se le permitiría el ingreso a los funcionarios de la DGC. En efecto, se dispuso la permanencia de personal de vigilancia en la entrada que impedía el ingreso de los funcionarios de la DGC a desempeñar su función”, relató la Fiscalía local.
En este sentido, la autoridad legal entendió que Pierto Taliento ejerció justicia por mano propia, y procedió a imputarlo. “A fin de ejercitar el derecho real o presunto, sea originado en los incumplimientos de la DGC de pago de los arriendos o en la inconveniencia por no poder cumplirse con los protocolos o no estar de acuerdo con la re apertura, VIDAPLAN contaba con vías judiciales y administrativas para hacer valer sus derechos. Así lo hizo, mediante recursos administrativos, demandas judiciales por competencia desleal o incumplimiento de pago, pero debía esperar el resultado de dichas acciones y no pretender actuar en sustitución de la justicia a fin de llegar al fin deseado”, concluyó.
