En un análisis exclusivo para SBC Noticias, Federico Rodríguez Aguiar, analista en Marketing y consultor, comparte sugerencias para los Estados latinoamericanos que están en vías de regular, ampliar o modificar sus industrias del juego y las apuestas, relativas a priorizar un análisis previo del mercado para comprender lo que está funcionando en el panorama actual.
Entiendo que es absolutamente necesario que los gobiernos contraten o encarguen investigaciones de mercado en materia de juegos de azar. Es usual que una investigación de mercado sea vista como un gasto en el presupuesto público, pero en realidad es la mejor manera de evitar gastos innecesarios de recursos o pérdidas significativas de ingresos.
Ya sea por explotación directa de uno o varios juegos por parte del Estado o al otorgar licencias, es necesario que se tenga un conocimiento profundo del mercado. Así, la investigación del mercado es una herramienta no solo para los particulares, también lo es para el Estado.
Hay que realizar un análisis previo a tomar las decisiones o proponer cambios con criterio ejecutivo y analítico. Parece básico tener que señalar esto pero no siempre se observan acciones concretas en ese sentido.
El Estado debería optar siempre por realizar estudios de estas características. Por ejemplo, en un país donde el Estado explota y administra directamente uno o varios juegos, es necesario que se conozcan las características del público objetivo, sus preferencias, sus gustos, sus hábitos, la competencia directa e indirecta, y se deben generar los insumos necesarios para tener un producto atractivo. Hay etapas de observación y de estudio ineludibles.
Asimismo, si el Estado actúa solo como regulador también debería realizar investigaciones y no solo controles. Esto requiere tener datos de todo el sistema y poder aplicar criterios de análisis diferencial.
Esperar todo del sector privado no es el mejor camino a seguir. Es más, hay datos e información que están al alcance de la mano, dentro del propio Estado. Y se deben utilizar los datos profesionalmente, pero es claro que es diferente esta actividad a las funciones de control y fiscalización. Por lo tanto, debe ejercerse con una mente abierta, poder ver el bosque y no quedarnos en observar el árbol.
Cualquier empresa privada, antes de ingresar a un mercado, lo analiza, lo estudia, ve la legislación que se aplica en esa jurisdicción, observa a la competencia. Es decir, define un plan y un rumbo a seguir. En el caso del Estado, no debe ser diferente. Como señalaba, si se tiene la intención de lanzar un juego, utilizar un nuevo canal de comercialización u optar por aumentar los operadores sin un proceso previo de análisis y estudio del mercado, se puede ocasionar un perjuicio a las arcas públicas por disminución o pérdida de los ingresos de recaudación o renegociación del canon, afectando también la ecuación económica de todo el negocio. Se debe contar, además, con un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo, donde no puede estar ausente dicha investigación.
La dinámica del mercado de juegos hace absolutamente necesario que el Estado tenga un rol pro-activo multinivel, no hay espacio para la improvisación.
No podemos olvidar a los restantes operadores que ya se encuentren en el mercado. Obviamente todos los operadores tienen sus intereses, muy respetables, y defenderán su posición firmemente.
Sin perjuicio de esto, los Estados no deben cercenarse la posibilidad de autorizar una oferta ponderada pero atractiva de juegos. Y el público también debe contar con alternativas para realizar apuestas en ambientes —presenciales o virtuales— seguros y controlados.
El mejor clima para un operador serio se promueve con un Estado presente y las reglas claras.
Si como resultado de un estudio se concluye que un mercado aceptaría una oferta más amplia en virtud de las necesidades detectadas y la normativa habilita estos cambios, no deberían surgir problemas. La competencia es un principio básico y elemental de la economía abierta.
Las reglas de mercado son conocidas por todos en la industria y mientras las actividades se enmarquen en la ley, no deben existir situaciones enojosas.
Es necesaria la presencia de un regulador ecuánime haciendo cumplir las obligaciones a todos los participantes y defendiendo los derechos de igual manera. Siempre debemos priorizar los espacios de discusión donde expresarse y defender posiciones así como aceptar realidades.
Precisamente —para tomar decisiones en forma independiente y objetiva—, el Estado debe tener a su alcance un abanico de herramientas técnicas y poder utilizarlas de acuerdo a sus necesidades, defendiendo los intereses de toda la sociedad.
