En esta nueva edición de Rincón Jurídico de SBC Noticias, el abogado experto y socio de Asensi Abogados, Juan Camilo Carrasco, nos comparte un extenso análisis de la propuesta impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para añadir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todas las operaciones del juego y las apuestas.
IVA para el juego online por 90 días y hasta 90 días más, ¿qué podría significar?
El Estado de Conmoción Interior es una medida excepcional contemplada en el artículo 213 de la Constitución Política de Colombia. Se declara cuando hay graves perturbaciones del orden público que amenazan la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y no pueden ser controladas con las atribuciones ordinarias del Gobierno y sus instituciones.
Durante el Estado de Conmoción Interior, el Presidente de la República tiene la facultad de expedir decretos con fuerza de ley. Estos decretos pueden suspender leyes incompatibles con la situación de emergencia y deben ser estrictamente necesarios y relacionados para resolver las causas de la perturbación y evitar la extensión de sus efectos.
Sin embargo, estas medidas no pueden suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales y deben alinearse con los principios de necesidad, proporcionalidad, la temporalidad y legalidad.
Controles políticos y legales
- Control Político: El Congreso de la República debe reunirse dentro de los tres días siguientes a la declaratoria para recibir un informe del presidente sobre las razones de la medida. Además, el Congreso puede revocar la declaratoria si considera que no se justifica. A la fecha, el Congreso ha solicitado que el presidente envíe los decretos, pero hasta ayer 29 de enero no lo había hecho.
- Control Legal: La Corte Constitucional ejerce un control automático, integral y permanente sobre los decretos legislativos expedidos durante el Estado de Conmoción Interior. El Gobierno debe enviar estos decretos a la Corte al día siguiente de su expedición para que decida sobre su constitucionalidad. La Corte verifica tanto los requisitos formales (firmados por todos los ministros) como materiales de los decretos, asegurando que respeten los derechos humanos y las libertades cofundamentales. La corte revisará también la relación de causalidad y proporcionalidad con la crisis y la resolución.
Los tres posibles nuevos “impuestos” vía decreto
Al momento de escribir este artículo, no se conoce el texto oficial, sin embargo, el gobierno ya anunció que impondrá un impuesto adicional a trámites notariales, contribución especial al petróleo y el IVA del 19 por ciento a los juegos online.
El gobierno tiene unos cálculos equivocados sobre el posible recaudo que podría tener vía apuestas online. Habla de un recaudo irreal de 514 mil millones de pesos (120 millones de dólares) en 90 días, con una lectura equivocada del valor de la industria. A la fecha no se ha aclarado si sus cálculos son sobre “turnover” o sobre el depósito en la cuenta de juego como “adquisición de créditos” tal y como lo establece el Estatuto Tributario Art. 420.
Con un desconocimiento total sobre la industria y, sobre todo, desconociendo el gran valor que genera esta industria vía aportes a la salud en Colombia, empleo, legalidad y deporte, el gobierno impactaría gravemente en:
- Legalidad de la operación, toda vez que el jugador buscará alternativas en donde su apuesta no esté gravada con el 19 por ciento.
- Disminución de los aportes al sistema de salud por vía de derechos de explotación.
- Desequilibrio económico en contratos de concesión suscritos con el Estado, las empresas tendrán cargas fiscales que no reflejan los ingresos reales de la industria.
- Creación de un ambiente de inseguridad jurídica. Los concesionarios cumplieron todos los requisitos legales, técnicos y financieros para su operación bajo unas condiciones jurídicas y estables, el cambio de reglas rompe con los principios de la contratación estatal.
- Imposibilidad de aplicación de la norma de manera inmediata, dada la necesidad de adaptar los sistemas técnicos de juego y homologar su certificación ante Coljuegos.
Esta medida obligará a los operadores y actores del ecosistema a realizar inversiones cuantiosas para adaptar los sistemas técnicos, que sin duda, romperían el equilibrio económico de los contratos de concesión. Sumado esto a que existe una imposibilidad técnica de recaudar ese impuesto por parte de los operadores, dado que sólo podrían hacerlo una vez ajusten todos sus sistemas técnicos de plataformas y los puedan certificar ante los laboratorios acreditados, lo cual puede tardar meses —esto para evitar incumplir la ley de juego y el contrato de concesión—.
Coljuegos, a la fecha, como autoridad regulatoria de los Juegos de Suerte y Azar, no se ha pronunciado frente al impacto que tendría esta medida en la operación de los contratos de concesión, y que podría poner en una situación de incumplimiento contractual y legal a los operadores, tanto por implementar el cambio como por no implementarlo.
Temporalidad de la medida
El Estado de Conmoción Interior puede durar inicialmente hasta 90 días. Puede ser prorrogado dos veces más, cada una por 90 días adicionales, con la segunda prórroga que requeriría la autorización del Senado de la República. La imposición de nuevos impuestos puede afectar a diferentes sectores económicos. Dependiendo de cómo se estructuren, estos impuestos pueden gravar a sectores específicos que tienen la capacidad económica para contribuir más, como el sector petrolero o el de juegos de azar.
Sin embargo, también pueden generar resistencia y afectar la actividad económica si no se implementan de manera equitativa y justificada, generando desconfianza si se percibe como un abuso de poder. Es crucial que estas medidas sean transparentes y estén bien justificadas para mantener la legitimidad del gobierno y la confianza de la ciudadanía
Temporalidad: Los impuestos creados durante un Estado de Conmoción Interior deben ser temporales y estar claramente vinculados a la duración del estado de excepción. Esto asegura que no se conviertan en cargas permanentes para los contribuyentes una vez que la situación de emergencia haya sido superada.
La proporcionalidad de las medidas adoptadas es crucial para asegurar que las acciones del Ejecutivo sean adecuadas y efectivas en relación con la gravedad de la crisis. Esto implica que las medidas deben ser:
- Necesarias: Solo se deben adoptar medidas que sean indispensables para enfrentar la crisis.
- Adecuadas: Las medidas deben ser apropiadas para lograr los objetivos deseados.
- Proporcionales: Las medidas no deben ser excesivas en relación con la magnitud de la crisis y deben respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En resumen, mientras que el Estado de Conmoción Interior otorga al presidente facultades extraordinarias para enfrentar graves crisis de orden público, estas facultades deben ser ejercidas con un alto grado de responsabilidad y sujeción a controles políticos y legales.
Además, las medidas adoptadas deben ser proporcionales y efectivas para conjurar la crisis sin afectar indebidamente los derechos de los ciudadanos.
Finalmente, queda en manos de la Corte Constitucional, realizar el control automático de las normas para determinar su constitucionalidad o no, entre tanto los ciudadanos no tienen más acciones legales que el control que ejerza el congreso y la corte.