La industria del juego en Perú ha estado establecida por muchos años a pesar de una falta de regulación clara para el sector, por lo que ya se trata de un mercado maduro. Sin embargo, las autoridades han avanzado con un reordenamiento de la legislación y, recientemente, aprobaron una nueva ley que lo afecta directamente.
El Poder Ejecutivo impulsó el proyecto de ley 2.070, pero finalmente se llegó a una norma de consenso político que se integró, también, con los proyectos 1.923 y 168, con dictamen de la Comisión de Economía, y el 2.206.
Sin embargo, los operadores no quedaron del todo conformes con la nueva normativa peruana, tal como describe en el 22° número de la SBC Leaders Magazine el CEO de La Tinka, Gonzalo Rosell, quien la calificó como “un paso en la dirección correcta, pero con temas críticos por mejorar”.
En su análisis, se refirió al punto más polémico de la nueva Ley: el Impuesto a los juegos a distancia y a las apuestas deportivas a distancia.
Por un lado, celebró haber conseguido la reducción del 20 por ciento sobre la base imponible, como estaba propuesto originalmente, a solo un 12 por ciento, en línea con los casinos físicos, y que se haya descartado la posibilidad de aplicar un impuesto sobre los apostadores. De todos modos, cuestionó que solo se grave a operadores nacionales y aquellos extranjeros con sucursales de juego en Perú, mientras que las empresas offshore podrán trabajar libres de cargas tributarias.
“Esto afecta la industria dado que no genera igualdad tributaria ante el regulador y puede afectar el empleo y la inversión local que optaría probablemente por migrar a operar desde fuera”, explicó.
El CEO de Apuesta Total, Gonzalo Pérez, coincidió en cuestionar las condiciones para un sector y otro y explicó que si no hay un trato igualitario para las empresas radicadas nacionalmente y las que no lo están, “se quebraría la neutralidad tributaria”.
“Se debe fomentar la inversión extranjera y local en igualdad de condiciones”, analizó en su condición de operador integrante de , ya que, caso contrario, se genera una distorsión en el mercado, con beneficios para algunas compañías por sobre otras.
Rosell y Pérez son, además, presidente y vicepresidente de la Asociación Peruana de Apuestas Deportivas (Apadela), respectivamente, un grupo creado para defender a los operadores del juego en Perú y pugnar por las mejores condiciones del mercado.
Ambos coincidieron en las virtudes que tiene regular el mercado por encima de un posible escenario sin normas claras. De todos modos, pusieron el foco sobre defender la industria, potenciar las inversiones y la competencia.
“Desde Apadela creemos que una regulación es muy importante para la industria porque si bien es cierto hoy podemos operar legalmente en el Perú, deben existir reglas claras que nos permitan seguir invirtiendo y desarrollando la industria. Esto quiere decir que se deben establecer requisitos que permitan competir de una manera justa entre los operadores y que además brinden una mayor protección al jugador”, detalló Pérez.
Rosell, por su parte, enfatizó en la defensa de los 275.000 puestos de trabajo que genera el sector del juego en Perú, que, a su vez, opera desde hace más de 10 años en el país. Por eso, advirtió que el Gobierno debe notar la desigualdad generada y lograr corregirla en, además de aclarar y definir otros puntos de la norma.
El CEO de Apuesta Total enfatizó en la necesidad consultar a especialistas y actores de la industria para elaborar el proyecto de regulación del juego en Perú, aunque destacó que un nuevo marco regulatorio le “brindará mayor confianza a los apostadores”.
Además, Pérez destacó el incremento en la accesibilidad a internet, con el número de hogares afectados creciendo a 56,9 por ciento en el primer trimestre del 2022, contra 46,8 por ciento un año antes, y destacó el “importante potencial” del mercado peruano.
El proyecto de Ley del juego en Perú aprobado en julio
La Legislatura aprobó el proyecto de ley que regula el juego en Perú, en su modalidad de apuestas deportivas y juego online, el último 15 de julio. Para hacerlo, los legisladores de los distintos sectores políticos llegaron a un consenso, que implicó la combinación de distintas propuestas presentadas en el Congreso.
El Texto Sustitutorio de las PL 168, 1.923, 2.206/2021 y 2.070/2021 finalmente recibió 91 votos a favor, 7 abstenciones y ningún voto negativo para establecer el marco legal para el juego y las apuestas deportivas a distancia, que entrará en vigencia a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial.
La normativa fija al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) como autoridad reguladora del sector. Por eso, será el encargado de reglamentar la Ley una vez que se publique, con un plazo máximo de 120 días.
Las empresas interesadas en operar estas modalidades de juego en Perú deberán estar inscriptas en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), contar con representante legal en el país y tener el dominio web “.pe” en su plataforma para recibir una licencia. Además, estarán sujetos a un impuesto del 12 por ciento de la base imponible (ingreso neto mensual menos los gastos de mantenimiento de la plataforma, cuyo valor se estipula en un 2 por ciento del ingreso neto mensual).
El gravamen se aplicará sobre las empresas radicadas en Perú, ya sea con presencia física o solo con una sociedad establecida localmente.
Además, contempla la protección de sectores vulnerables, dejando claramente estipulada la prohibición de apostar para menores de edad y jugadores autoexcluidos de establecimientos del juego.
Por otro lado, establece límites de distancia entre los puntos de venta físicos con los templos y centros educativos, fijando en 150 metros (siguiendo el recorrido peatonal) el mínimo para operar.
La Ley fue aprobada en julio y promulgada en agosto, permitiendo hablar de un escenario de regulación prácticamente plena para el juego en Perú.