El Poder Ejecutivo avanzará sobre la regulación del juego online en Chile durante marzo, según reveló la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza. Ese es el plazo que se pusieron las autoridades para agregar los cambios correspondientes al proyecto de ley presentado el año pasado y avanzar sobre él durante el primer semestre.
La funcionaria compareció ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, explicó las intenciones del gobierno y detalló que hay tres modelos de abordaje sobre el sector: la prohibición total, un monopolio estatal o un mercado semi abierto. La industria digital se regiría por este último, que involucra la intervención de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) para la emisión de licencias a los operadores que superen el proceso administrativo correspondiente.
Justamente, la titular de la SCJ, Vivien Villagrán, también asistió a la última sesión del cuerpo legislativo y explicó que la prohibición del juego online en Chile supone “una batalla extremadamente costosa” y aseguró que se necesitará la intervención de otras entidades de fiscalización como el Servicio de Impuestos Internos (SII) o la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entre otros.
Uno de los planteos contra el regulador del juego chileno por parte de Carlos Silva Alliende, fiscal y gerente de Asuntos Corporativos de Dreams, en su exposición ante el mismo cuerpo legislativo el 3 de enero, había sido por qué no se querellaba contra los operadores ilegales. Al respecto, Villagrán explicó que la entidad intentó proceder de tal forma, pero recibió como respuesta de la Justicia que eso correspondía hacerlo, únicamente, a los operadores que fueran perjudicados por el funcionamiento de plataformas digitales no reguladas.
Los cambios planteados al proyecto de regulación del juego online en Chile
La subsecretaria de Hacienda explicó que hay una variedad de cuestionamientos al proyecto, en su forma actual, surgidos de diversas reuniones con organismos como la SCJ, la CMF, el SII, el Ministerio Público, entre otros.
Algunos de ellos involucran el diseño de incentivos a la formalización para que las empresas opten por pasarse a la legalidad en cuanto haya un mercado regulado del juego online en Chile.
Sobre la fiscalización, faltan aclaraciones sobre el catálogo de sanciones administrativas y penales, al que calificó como “confuso”, y explicó que “se otorgan facultades sancionatorias a la SCJ sobre organismos que no son los fiscalizados”. Sobre eso, agregó que “faltan normas que autoricen el actuar de los organismos que supervisan el cumplimiento de la ley”, y dijo que la aplicación de sanciones alternativas como están planteadas complejizan el proceso sancionatorio.
En lo que refiere a la recaudación fiscal, explicó que hay incongruencias entre la Reforma Tributaria planteada por el Ejecutivo y el concepto de beneficiario final de la recaudación por el sector y dijo que el diseño impositivo para el juego online en chile presenta similitudes pero es diferente a las tributaciones que presentan otros premios del sector del juego y las apuestas. Asimismo, analizó que “existe espacio para la mejora y perfeccionamiento del gravamen que financia [la política nacional de juego responsable].
Además, advirtió sobre la protección de datos de los usuarios, adelantó que “hay que analizar qué es lo que se va a regular” debido a la rápida transformación de la industria —que está en constante cambio— y alertó que la regulación de la publicidad es “menos exigente” que el proyecto planteado por el diputado Marcos Sulantay para prohibirla mientras no se regule el sector.
La Polla Chilena de Beneficencia planteó otra alternativa
Durante la sesión, también expuso Macarena Carvalho, la presidenta del directorio de La Polla Chilena de Beneficencia, que manifestó una postura opuesta a la regulación de la industria.
Según planteó, los usuarios se inician en el juego online en Chile jugando en La Polla Chilena de Beneficencia, pero se ven atraídos a la oferta no autorizada por la posibilidad de acceder a mayores premios, que no están limitados como en la empresa estatal. Por eso, planteó que no es necesario autorizar a estas compañías, a las que –al igual que Dreams– cuestionó por estar compitiendo en forma desleal y recabando datos que usarán si se las autoriza a operar en el futuro, y propuso elevar la capacidad de premiar del organismo que preside para volverlo más atractivo y que pueda retener a los jugadores.
