De acuerdo a un informe técnico de la Contraloría General de la República (CGR), el contrato de concesión del futuro casino, bajo la marca Vimérica SA, demuestra varias irregularidades por parte de la autoridad del juego en Paraguay, Conajzar. Según destacó el organismo de control nacional, Conajzar debió haber revocado el contrato e iniciar una investigación.
“Se recomienda a la entidad un mayor rigor técnico en la elaboración de los informes de evaluación, emitidos por el Comité conformado para esa tarea, a fin de evitar mala interpretación o confusiones que generen incertidumbres al momento de evaluar la oferta”, establece la CGR en su dictamen técnico.
La empresa, que invertiría 148 millones de dólares en el desarrollo del nuevo casino de Paraguay, no había presentado sus documentos debidamente legalizados. Asimismo, se habría añadido una cláusula al contrato, respecto a la ubicación del establecimiento, “que resulta arbitraria a los intereses del Estado al otorgar condiciones desmedidas a la firma adjudicada”.
“No hemos visualizado el análisis técnico comparativo efectuado acerca del cumplimiento de cada uno de los recaudos exigidos para la oferta, con relación a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), como tampoco se ha realizado un acto administrativo emitido por el comité de evaluación, consistente en el informe de Evaluación, debidamente fechado y suscrito por los integrantes del comité”, agregó la CGR.
Más acusaciones contra Conajzar
TDP SA, la compañía que está en proceso para recibir la concesión de la quiniela paraguaya por los próximos cinco años, ha sido denunciada por apropiación y evasión de impuestos. La Unión Paraguaya de la Guerra del Chaco argumenta que no ha recibido el 10 por ciento sobre el canon del juego, que le corresponde según la ley 431/73. Un representante de la Unión también le compartió a El Independiente que cuestionan el rol del regulador Conajzar, ya que este debía monitorear el cumplimiento de la ley y denunciar irregularidades ante el Ministerio Público.
Además, tras un pedido de informe sobre las operaciones de la Conajzar aprobado recientemente por el Senado de Paraguay, diversas organizaciones civiles le presentaron una solicitud directa al presidente Mario Abdo Benítez para que se establezcan medidas de transparencia en los procesos económicos de la autoridad del juego nacional. Las asociaciones denuncian que no han recibido “hace tiempo” los recursos económicos establecidos en la ley del juego local.
En este marco, la Cámara de Senadores de Paraguay también aprobó el jueves 17 un pedido para que la Conajzar entregue informes sobre el destino de los premios no pagados desde 2015 a la fecha. El pedido del senador Abel González apunta a obtener datos estadísticos sobre todos los premios no reclamados, así como también sobre el destino de los mismos y si fueron enviados a instituciones benéficas.
