Los casinos y las salas de juego de Nicaragua deberán reforzar los procedimientos de identificación de clientes y verificación del origen de los fondos, en el marco de una nueva resolución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La disposición también alcanza a remesadoras, casas de cambio, inmobiliarias y otros sectores no bancarios, que tendrán que recopilar información sobre las personas involucradas en las operaciones y sus beneficiarios finales, incluso cuando existan acuerdos privados de confidencialidad.
La normativa fue publicada el 5 de noviembre de 2026 por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), según informó la prensa local. Entre sus principales requisitos, se establece que “los sujetos obligados deberán identificar a clientes, contratantes, representantes y beneficiarios finales, además de reunir datos sobre las contrapartes que participen en determinadas operaciones desde el exterior”.
La resolución no prohíbe expresamente las transferencias de capitales fuera de Nicaragua. Sin embargo, fija obligaciones de información, identificación y verificación que deberán cumplirse antes de concretar las transacciones comprendidas en la regulación.
Además, la medida reúne y actualiza procedimientos preventivos que ya estaban contemplados en dos disposiciones aprobadas en 2019, vinculadas con las leyes 976 y 977, sancionadas en 2018. Su alcance incluye a “entidades financieras no bancarias, empresas de remesas, casas de cambio, casinos, corredores inmobiliarios, comerciantes de piedras preciosas y vendedores de vehículos nuevos y usados”. Los bancos quedaron fuera de esta clasificación porque se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
Nicaragua refuerza el control a casinos
Para los casinos y las salas de juego, la resolución establece la obligación de aplicar procedimientos de diligencia debida a partir de operaciones por 1.000 dólares. El mismo límite rige para los comercios dedicados a la venta de piedras preciosas, mientras que para los vendedores de vehículos nuevos y usados se fija en 5.000 dólares.
En todos los casos, las empresas alcanzadas deberán “elaborar expedientes que permitan conocer quiénes intervienen en las relaciones comerciales”. La información exigida comprende “la identidad de los clientes y contratantes, sus representantes y los beneficiarios finales de los recursos, además de datos sobre la actividad económica, la estructura de propiedad y control, el propósito de la relación comercial y la procedencia de los activos”.
Estos requisitos también deberán cumplirse cuando existan “acuerdos privados de confidencialidad o sigilo”. La obligación de identificar a las personas que participan en las operaciones no queda suspendida por la existencia de este tipo de pactos.
Por otro lado, la UAF exige que las entidades examinen a las contrapartes de las transacciones, incluso cuando estén radicadas fuera del territorio nicaragüense. Si no cuentan con información suficiente sobre un beneficiario internacional, deberán completar los datos requeridos. En caso de no conseguirlo, el activo relacionado con la operación podrá quedar inmovilizado.
La disposición contempla tanto transacciones individuales como movimientos separados que puedan estar relacionados entre sí. En esas situaciones, las entidades deberán analizar la conexión entre las operaciones y comunicar a la UAF la identidad de los clientes, contratantes, representantes y beneficiarios finales vinculados con los fondos transferidos.
Por otro lado, la normativa también establece condiciones adicionales para los clientes extranjeros que sean clasificados como Personas Expuestas Políticamente (PEP). Estas personas deberán recibir automáticamente la categoría de riesgo alto.
Para iniciar o mantener una relación comercial con ellas, será necesaria la autorización de la máxima autoridad de la empresa, que además tendrá que realizar comprobaciones razonables sobre el origen de su patrimonio y aplicar un seguimiento reforzado de sus operaciones.
América Central fortalece la prevención del lavado de activos
En otro país de la región, la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador obtuvo la certificación Nivel 1 del Estándar Técnico de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT), otorgada por la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE).
El reconocimiento se concedió luego de una evaluación independiente que verificó seis aspectos de la gestión institucional, entre ellos la existencia de una política preventiva aprobada por las autoridades, la designación de un oficial de cumplimiento, la inscripción vigente como sujeto obligado, los procedimientos internos, la capacitación del personal y la planificación de auditorías.





























