En septiembre de 2020, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz dio el visto bueno a la modificación del artículo 3.4.11 del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para limitar la instalación de las casas de apuestas.
Con esta medida, solo se permitía la instalación de salones de juego y apuestas “si están a más de 500 metros de distancia de los accesos normales de entrada o salida a las parcelas destinadas a usos de equipamiento escolar, deportivo o sociocultural”.
Mientras más ayuntamientos de la comunidad autónoma española de Andalucía intentaron seguir la tendencia, la Junta decidió acudir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El recurso, presentado a fines de la semana pasada, surge en un contexto en que varios municipios acusan a la Junta de la comunidad de beneficiar al juego.
Desde su posición, la autoridad local busca frenar las medidas que restringen la instalación de las casas de apuestas. Paralelamente, la Junta también aprobaría un decreto para regular el juego a nivel comunidad autónoma, y que no sea cada ayuntamiento el que decida la ubicación de los salones de juego presencial y las casas de apuestas. Ante esto, con el recurso solicita apoyo judicial para que el TSJA le confiara la autoridad sobre el juego.
En este marco, el concejal de Urbanismo, Martín Vila, comentó que el recurso “es una auténtica invasión a las competencias municipales que tienen todas las localidades para ordenar su territorio”.
Y concluyó: “Estamos en un contexto de crisis económica, social y sanitaria y, por ello, las administraciones debemos defender la salud de nuestros vecinos y vecinas. Que en esta coyuntura la Junta interponga un recurso ante una medida que tiene como finalidad salvaguardar la salud pública y defender a la población vulnerable, nos sorprende mucho”.
Asimismo, durante la Comisión sobre Discapacidad en Andalucía, los partidos políticos de Podemos y el PSOE argumentaron que la Junta de Andalucía busca beneficiar a la industria del juego presencial, en contra de la salud de la ciudadanía.
