La Justicia chilena evaluará una demanda del centro comercial Plaza Maule contra el casino local

Tras la presentación, en septiembre de 2020, de una demanda de Talca Plaza Maule Shopping Center contra los operadores del casino ubicado dentro del establecimiento, la Sociedad Casino de Juego de Talca, se espera que esta semana el 10° Juzgado Civil de Santiago resuelva el caso.

Los operadores tendrían una deuda de más de 1.000 millones de pesos chilenos (1.425.110 dólares) con la compañía administradora del centro comercial, Plaza Maule S.A., del grupo francés Berolinas, que exige la exoneración del contrato de subarrendamiento de inmediato.

De acuerdo a información compartida por America Retail, la relación entre ambos operadores comenzó en 2007, cuando el centro comercial le otorgó al casino —ligado al empresario Daniel Lee Wisecarver y a la Corporación Meier— 9.484 metros cuadrados en cinco plantas para la instalación de la sala de juegos y de un hotel.

En principio, el contrato se había establecido por 15 años con posibilidad de extensión en caso de que la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de Chile le otorgara a los operadores una renovación de la licencia. Sin embargo, y pese a que el acuerdo se ha renovado en 2013 para que el casino hotel abarque los 11.822 metros cuadrados, desde Plaza Maule S.A. pretenden finalizar el acuerdo este año.

El centro comercial argumenta que desde abril de 2020, la empresa no paga las rentas y desde julio del mismo año tampoco aporta a los gastos comunes, mientras que siguen ofreciendo los servicios de hotel. Además de la deuda, el mall exige el pago de una indemnización de 4 millones de dólares, por lo que el monto total que el casino debería pagar se acerca a los 5,6 millones de dólares.

“Por lo anterior, vengo a solicitar la terminación del contrato de arrendamiento, debido a la actitud negligente de la demandada, quien no ha cumplido con las obligaciones principales de todo arrendatario o subarrendatario, en especial la de no pagar a ésta las rentas de subarrendamiento, atrasarse en el pago de los gastos comunes y otras obligaciones pactadas”, argumentaron.