El pasado lunes (11 de noviembre), la Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil envió al Supremo Tribunal Federal (STF) una acción directa de inconstitucionalidad (ADI) contra la Ley N° 14.790/2023 y la Ley N° 13.756/2018, con la justificación de que los textos no cumplen con los requisitos mínimos para la conservación de bienes y valores de la Constitución Federal.
Según el fiscal Paulo Gonet Branco, “la legislación es insuficiente para proteger los derechos fundamentales de los consumidores, dado el carácter predatorio del mercado de las apuestas virtuales”. Además, Gonet también afirmó que la explotación de las loterías por parte del Estado es inconstitucional.
La acción judicial pide la inconstitucionalidad de las ordenanzas del Ministerio de Hacienda que regulan las apuestas de cuota fija, modalidad que permite a los apostadores conocer, al momento de apostar, el monto que podrían ganar en caso de acierto, en forma real o virtual, para distintos tipos de eventos.
“Al reconocer la Corte Suprema la inconstitucionalidad de las disposiciones que establecieron y regularon la nueva modalidad de apuestas de contrapartida basada en eventos deportivos y online, el ejercicio de la actividad dejará de tener respaldo normativo autorizante, y su práctica pasará a ser considerado ilícito por la legislación nacional”, afirmó la PGR.
En el alegato, el fiscal general afirmó que las apuestas violan los derechos sociales a la salud y la alimentación, así como los derechos de los consumidores, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Por otro lado, Gonet también afirmó que el modelo contradice principios del orden económico y del mercado interior y no cumple con el deber del Estado de proteger la unidad familiar.
Asimismo, destacó que la norma desconoce el requisito constitucional para la concesión o permiso de servicios públicos mediante licitación y contradice las restricciones a la publicidad de productos que representen un riesgo para la salud.
Según Gonet, “la legislación es insuficiente para proteger los derechos fundamentales de los consumidores, dado el carácter predatorio del mercado de las apuestas virtuales”.
Sobre la ley de juego y apuestas en Brasil
La Ley N° 13.756/2018 creó esta nueva modalidad de apuestas y definió la asignación parcial de recursos, pero no reguló completamente el sector. Seguidamente, la Ley Nº 14.790/2023 buscó reducir los impactos sociales negativos, pero, según Gonet, las medidas fueron insuficientes.
En la acción, la PGR solicita la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley N° 14.790/2023 relacionadas con las apuestas de contrapartida y artículos de la Ley N° 13.756/2018. También solicita una medida cautelar para suspender la vigencia de estas normas y prohibir a los operadores estar activos. Así, Gonet aclaró que, en la acción, no busca que el Supremo Tribunal Federal actúe como legislador positivo.
Mientras tanto, ayer (martes 12), se llevó a cabo el segundo día de la audiencia pública sobre el impacto de las casas de apuestas en Brasil. La audiencia fue convocada por el ministro Luiz Fux, relator de la ADI 7721.
En la audiencia intervinieron representantes de Botafogo, Cruzeiro y Fluminense, destacando los impactos negativos que una posible prohibición de las apuestas deportivas o de la publicidad de las casas de apuestas tendría sobre el funcionamiento del fútbol en el país.
André Sica, representante del Fluminense, leyó un comunicado, firmado por 30 clubes de fútbol brasileños, que se reunieron para declarar su rechazo a la ADI presentada por Gonet.
“La posible declaración de inconstitucionalidad de la ley de apuestas no apagará el mercado de apuestas. Este mercado seguirá existiendo, como existía antes de diciembre de 2023, y como ocurre en otras partes del mundo, de manera clandestina”, destaca el comunicado, criticando la ADI 7721.
