El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha recibido una solicitud por parte del Gobernador de Pará y presidente del Consorcio Interestatal para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía Legal, Helder Barbalho, para que los estados regionales puedan obtener mayores beneficios de los fondos generados por las apuestas deportivas reguladas del país.
“Teniendo en cuenta que la Conservación de la Amazonía requiere de grandes fondos, a la vez que es claro el reconocimiento de la necesidad de un trato excepcional en relación a los estados que la constituyen, considerando además la importancia y necesidad de incentivar actividades económicas que combinen el desarrollo de la región amazónica a la preservación de la Selva, luchamos para que los beneficios de la colección en cuestión se extiendan a favor de la protección de la Amazonía brasileña”, detalla la misiva.
Es decir, parte de los 150 mil millones de reales que estima recaudar el país a través de la Medida Provisional que daría el visto bueno para el desarrollo de una industria regulada de apuestas deportivas, se pretende destinar a la conservación de la selva.
De ser así, la recaudación federal sería repartida entre los gobiernos de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins.
“Parece que la Medida Provisional que dispone este reglamento está siendo elaborada por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la tributación sobre la renta brinda beneficios únicamente al Fondo Nacional de Seguridad Pública, las entidades de educación pública y el deporte”, explicaron en la carta apoyada por los estados regionales.
Si bien todavía no se dio a conocer en profundidad cómo sería la reglamentación de las apuestas deportivas en Brasil, legalizadas en 2018, se sabe que el gobierno está planeando un tributo del 30 por ciento para los ganadores de premios, aunque habrá exención para las ganancias que estén dentro del valor de la primera franja libre de Impuesto a la Renta, actualizado a 2.640 reales.
Asimismo, los operadores contribuirán con 30 millones de reales por una licencia de cinco años, además de un impuesto de 16 por ciento sobre las ganancias. El monitoreo y fiscalización de la actividad estará a cargo de la Secretaría de Apuestas y Loterías, que se crearía solo por este fin.
