El Ministerio de Salud (MINSA) de Perú, a través de la Dirección de Salud Mental, llevó a cabo a la primera Mesa de Trabajo sobre los daños ocasionados por la exposición a juegos de azar y apuestas, con el objetivo de analizar la problemática y definir estrategias conjuntas que permitan prevenir y reducir sus efectos en la salud y el bienestar mental de la población.
En este espacio participaron representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro), la Asociación de Comunidades Terapéuticas del Perú, el Consorcio Preventivo Perú, el Colegio de Psicólogos del Perú, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
La mesa de trabajo fue presidida por Carlos Bromley, quien precisó que los juegos de azar se han convertido en una actividad peligrosa en el país al afectar cada vez más a adolescentes y jóvenes, sobre todo a partir del ingreso de los juegos online en los hogares peruanos. “Es un enemigo silencioso donde un juego inocente se convierte en un comportamiento problemático cuando el adolescente ya no puede controlar sus impulsos”, advirtió.
“A nivel mundial, se ha estimado que aproximadamente un 1,2 por ciento de la población adulta padece de juego problemático, estas cifras quedan atrás cuando se caracteriza y dimensiona mejor el problema, llegando a reportarse que, a nivel mundial, el 46,2 por ciento de los adultos y el 17,9 por ciento de los adolescentes habían jugado en los últimos 12 meses”, agregó Bromley.
Los acuerdos de la mesa de trabajo consistieron en incorporar a otros sectores del Ejecutivo, como MINEDU y MINCETUR, para coordinar con el Congreso de la República un proyecto de ley sobre la regulación del uso del juego, coordinar con los medios de comunicación un mensaje cada vez que se emita una mención con contenidos de juego y apuestas, como “su uso indebido causa comportamientos problemáticos”, realizar intervenciones en las instituciones educativas para promover estilos de vida saludable, alertar a los padres de familia sobre este peligro y propiciar en ellos una supervisión sobre el uso de la tecnología en sus hijos, así como trabajar sobre los factores de riesgo y otros.
Durante el encuentro, los participantes coincidieron en que es indispensable asumir este problema como un problema de salud que requiere atención prioritaria. El MINSA reafirmó su compromiso de articular esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la prevención, detección y tratamiento de los problemas asociados a los juegos de azar y las apuestas, priorizando la protección de las personas y familias más vulnerables.
Tipifican como delito la manipulación de resultados deportivos con fines de apuestas y juego
El Pleno del Congreso de Perú aprobó hace dos meses el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 9645/2024-CR, que modifica la Ley N° 31557, la cual regula la explotación de los juegos y apuestas deportivas a distancia, y la Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos, para incluir a las personas naturales con negocio y tipificar como delito la manipulación de resultados deportivos a distancia.
El congresista Ilich López Ureña, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, aclaró que el dictamen busca corregir vacíos normativos y distorsiones tributarias existentes en la regulación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a la industria del juego y apuestas deportivas online, garantizando así su tributación efectiva.
La congresista Noelia Herrera Medina, presidenta de la Comercio de Exterior y Turismo, coincidió con su colega, pero agregó que la propuesta también reduciría la ilegalidad y el crimen organizado, mediante la tipificación como delito la manipulación de resultados deportivos a distancia.
La propuesta en debate fue aprobada, en primera votación, con 103 a favor, cero en contra y tres abstenciones, y exonerada de la segunda votación con 102 a favor, cero en contra y cuatro en abstenciones.
La iniciativa señala que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) en su calidad de autoridad administrativa competente a nivel a nacional se encuentra facultado a clausurar las salas cuyos operadores no cuenten con autorización expresa, para lo cual puede requerir el apoyo de la autoridad policial.
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