La crisis mundial por la pandemia COVID-19 ha golpeado fuertemente a la industria del juego. En el caso de Panamá, se espera que más de dos mil empleados pierdan sus trabajos una vez que finalice la emergencia sanitaria.
Antonio Alfaro, presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá (Asaja), reveló que las pérdidas mensuales podrían llegar a los 6 millones de dólares, además de una reducción del 50 por ciento de los cuatro mil empleados de la industria de los casinos, según Panamá América.
El presidente explicó que si no se llevan a cabo otro tipo de esfuerzos por parte del Estado para poder resolver la crisis, muchos operadores de casinos podrán dejar de existir. La industria del juego en Panamá llegó a sus cifras récord de 2.400 millones de dólares en 2016, pero en los últimos años la recaudación se ha disminuido.
Yelitza Amador, secretaria ejecutiva de la Asociación Panameña de Operadores de Juegos de Azar (Apojuegos), reiteró que el Estado podría dejar de percibir ingresos si los casinos y salas de apuestas no revierten la situación económica: “Fuimos de las primeras industrias cerradas el pasado 16 de marzo y el sector funciona con los ingresos diarios, pero los compromisos con los bancos y el Estado siguen igual”.
“Es importante también tomar en consideración todo lo que implica este cierre, que sabemos es más que necesario por el bien de todo el país. También debemos considerar, además de la pérdida de ingresos, el aumento de los gastos de mantenimiento que se deberá afrontar, el daño en los equipos, los gastos básicos que igual hay que pagar y todos los compromisos que tarde o temprano hay que cumplir, en una industria golpeada desde el 2015”, agregó.
A fines de marzo, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó el proyecto de Ley 295 que busca suspender por cuatro meses el pago de los servicios de internet, telefonía móvil y fija, y energía eléctrica. Los dueños de los casinos podrán acceder a este beneficio.
Los trabajadores por cuenta propia, los dueños de casinos, bares y restaurantes, y las micro y pequeñas empresas no se verán obligados a pagar los servicios por lo menos hasta julio. Además, tendrán opción de financiarlos en los próximos tres años.
“En el mejor sentido solidario con los panameños, se establecen con el 295 las medidas que incluyen la suspensión del pago de servicios públicos —sin que ello implique reducción o limitación alguna del acceso a los mismos— para toda la ciudadanía que actualmente se le provee de estos servicios”, dijo la Asamblea Nacional en redes sociales.
