Proponen un nuevo impuesto del 2 por ciento para operadores de apuestas en Brasil

Mientras las apuestas deportivas legales en Brasil esperan por un marco normativo, el diputado Alexandre Frota propuso el proyecto de ley 4833/202, a través del cual se cobraría un nuevo impuesto a operadores offshore.

Actualmente, varias empresas de juegos y apuestas desarrollaron sus negocios en el mercado brasileño. Algunas ya están activas desde el país, mientras que otras ofrecen sus servicios a los jugadores locales, sin planes de asentarse propiamente en el mercado. Ambos tipos de empresas deberían contribuir con un 2 por ciento de sus ingresos, según el proyecto del diputado.

El objetivo del PL 4833/202 es el programa “Oficinas do Bem”, administrado por el Ministerio de la Ciudadanía, para brindar desde el Estado asistencia social y psicológica, apoyo escolar, servicios de psicopedagogía, visitas domiciliarias y la asistencia jurídica, a los sectores vulnerables.

El monto surgido de las apuestas se destinaría a “ofrecer semanalmente 16 talleres socioeducativos orientados al arte, la cultura, el deporte, el ocio y la ciudadanía”, según argumentó Frota, mientras aseguró que “el proyecto tiene como objetivo ayudar a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia doméstica y sexual, así como a los niños que viven con el VIH/SIDA y otros grupos vulnerables que forman parte de la comunidad local”.

Privatización de las apuestas deportivas

Esta semana, Jaques Wagner, senador de Brasil, presentó una solicitud ante el Ministerio de Economía para que se detallen los beneficios de incluir a las apuestas deportivas en el Programa Nacional de Privatización (PND), que busca desestatizar ciertos sectores para generar mayores recursos.

Según PTSenado, Wagner le pidió al ministro de Economía Paulo Guedes que justifique el traspaso de las apuestas deportivas al sector privado y la quita a Caixa Econômica Federal, que cuenta con una estructura operativa y una experiencia consolidada.

Asimismo, el senador explicó que, en caso de ser privatizadas, ocurriría una contracción en los recursos que reciben ciertos programas sociales, como la Seguridad Social, el Fondo Nacional de Cultura, el Fondo Nacional Penitenciario, el Fondo Nacional de Seguridad Pública, el Comité Olímpico Brasileño y el Comité Paralímpico Brasileño.