República Dominicana se encuentra en un umbral histórico con la introducción al Congreso Nacional del nuevo proyecto de ley para la regulación de los juegos de azar. Esta iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, representa una oportunidad trascendental para sustituir el disperso y anacrónico sistema regulatorio actual por un marco jurídico moderno, coherente y adaptado a las realidades sociales, económica y tecnológica del siglo XXI.
No obstante, la calidad de una legislación no se mide solo por sus intenciones, sino por el rigor de su construcción. Análisis previos, como los expuestos por el politólogo Isidro Tejada, ya han puesto en evidencia con notable agudeza las profundas deficiencias lógico-semánticas que aquejan al texto. Su crítica revela de manera clara que la arquitectura lógico-conceptual profundamente defectuosa en la que quedo articulado, harían que sus disposiciones sean jurídicamente inaplicables.
“Pero más allá de estas indispensables observaciones sobre la forma, subyace un problema de fondo igualmente alarmante en su sustancia económica. Mi propósito es analizar cómo el proyecto de ley, en su forma actual, combina dos elementos que, de ser aprobados, resultarían económicamente perniciosos: un régimen fiscal fundamentado en un modelo impositivo anticuado y distorsionador, y un sistema de licenciamiento que institucionaliza la incertidumbre”, explicó el economista Toni Aquino Rosario, en una nota de opinión publicada en el medio Diario Digital.
Esta dañina combinación, lejos de fomentar un sector formal robusto, parece diseñada para reprimir la inversión, estrangular la competitividad y, paradójicamente, limitar el verdadero potencial de recaudación fiscal del Estado, agregó el licenciado.
Ventas brutas no es igual a ingresos brutos en el sector del juego
En primer lugar, el proyecto erige su andamiaje fiscal sobre una base conceptualmente errónea: gravar las ventas brutas o el total apostado, ignorando por completo la estructura de costos inherente al negocio del juego y, por ende, la capacidad contributiva real del operador.
El ingreso de una empresa de juegos no es el torrente de apuestas que recibe, sino el margen residual que queda tras pagar los premios, una cifra conocida técnicamente como Ingreso Bruto del Juego (GGR). “Imponer un impuesto sobre el flujo total es tan ilógico como gravar a un supermercado por el valor de toda la mercancía en sus estantes, en lugar de por sus ganancias. Las consecuencias de este error de diseño son matemáticamente devastadoras”, precisó Aquino Rosario.
Una tasa del 10 por ciento sobre las ventas brutas en un juego con un 95 por ciento de retorno al jugador equivale, en la práctica, a un impuesto del 200 por ciento sobre el ingreso real del operador. Incluso una tasa aparentemente modesta del 1 por ciento sobre las ventas anularía por completo el margen de beneficio neto promedio del sector, sentenciándolo a la inviabilidad económica. Ninguna empresa legítima podría sobrevivir a semejante escenario fiscal.
“Este modelo no solo asfixia al operador legal, sino que además despliega una alfombra roja para la competencia desleal: las plataformas offshore no licenciadas, sin carga tributaria alguna, pueden ofrecer premios mucho más atractivos. En efecto, la ley estaría utilizando el poder del Estado para hacer al mercado formal menos competitivo que su contraparte ilegal, incentivando una migración de consumidores hacia sitios no regulados, inseguros y que no aportan un solo centavo al fisco”, detalló el economista.
Aquino Rosario subrayó que el resultado predecible es un sector formal anémico y poco innovador, frente a una vasta economía subterránea que florece al margen de la ley. Si el andamiaje fiscal del proyecto es un veneno para la rentabilidad, su régimen de licenciamiento es una daga apuntada al corazón de la inversión.
El texto institucionaliza la incertidumbre al establecer plazos de vigencia cortos —destacando el de apenas dos años para las casas de lotería— para una industria que, por su naturaleza, es de capital intensivo. La implementación de plataformas tecnológicas, la ciberseguridad, la infraestructura física y la construcción de marca son inversiones significativas que exigen horizontes de amortización a mediano y largo plazo. “Ningún agente económico racional erige una infraestructura de millones de dólares sobre un terreno cuyo contrato de alquiler vence en veinticuatro meses”, añadió el economista.
La ruta hacia una regulación exitosa exige una reconceptualización económico-fiscal filosófica. “Es imperativo abandonar el anticuado modelo de tributación sobre ventas brutas y adoptar el estándar internacional del Ingreso Bruto del Juego (GGR), que grava el ingreso bruto efectivo (cash) y fomenta la competitividad”, explicó Aquino Rosario.
Simultáneamente, precisó que es fundamental sustituir la precariedad de las licencias a corto plazo por un sistema que ofrezca estabilidad a largo plazo (plazos no menores a diez años, online con los modelos de evaluación de retorno de los proyectos de inversión), con procesos de renovación claros, técnicos y predecibles para los operadores que cumplen con la ley.
“La disyuntiva para el legislador no es entre regular o no regular, sino entre una regulación que asfixia y una que fomenta y transparenta. La elección es entre un círculo vicioso de informalidad y baja recaudación, o un círculo virtuoso de inversión, competencia, innovación y una contribución fiscal sostenible y significativa para el desarrollo de la República Dominicana”, concluyó el economista.
