En un nuevo intento por ordenar la industria del juego en República Dominicana, el Gobierno presentó un proyecto de ley que, si bien apunta a la regulación del sector, pone el foco casi exclusivamente en la recaudación fiscal. La propuesta crea una nueva Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), bajo la órbita del Ministerio de Hacienda, que se enfocará en el registro, control, fiscalización y otorgamiento de licencias, abarcando desde bancas deportivas y casinos hasta apuestas online, tragamonedas, rifas y loterías electrónicas.
En el texto, el Estado establece impuestos específicos para cada modalidad. Las bancas deportivas deberán abonar más de 794 mil pesos dominicanos para habilitar sus operaciones, además de un tributo anual que ronda los 386 mil en zonas urbanas y un 1 por ciento adicional sobre las ventas brutas. Las plataformas online, por su parte, enfrentarán impuestos del 10 por ciento sobre sus ingresos, o bien una tarifa mensual fija de cinco millones de pesos, mientras se desarrolla una infraestructura tecnológica que permita fiscalizar con mayor precisión. En el caso de los casinos, se establecen montos que varían según la cantidad de mesas y tragamonedas, con cifras que abarcan entre los 14 mil y los 85 mil pesos por dispositivo o mesa de juego.
Pese al intento de actualizar el marco normativo, el proyecto no incluye políticas públicas orientadas a la prevención del juego problemático ni mecanismos concretos de protección al jugador. A diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, donde la regulación del juego avanza de la mano de programas de autoexclusión, límites de depósito, campañas de concientización o fondos específicos para tratamientos, la propuesta en República Dominicana se limita a establecer advertencias genéricas sobre los riesgos del juego compulsivo y a prohibir el acceso de menores a las plataformas, sin profundizar en cómo garantizarlo. Así, la salud pública queda desplazada frente al interés por formalizar la actividad y asegurar una recaudación estable para el Estado.
Más detalles sobre el proyecto de regulación en República Dominicana
La iniciativa fue enviada por el presidente Luis Abinader al Congreso Nacional esta semana. Allí se plantea que solo los hoteles de cuatro estrellas o más podrán operar casinos, y se establece un marco fiscal y sancionatorio estricto para todas las formas de juego, incluyendo multas de hasta 400 salarios mínimos y penas de prisión de hasta 10 años para quienes incurran en lavado de activos u operen sin licencia. También se aclara que ninguna empresa con antecedentes penales en delitos económicos podrá acceder a una autorización.
Por otro lado, el proyecto establece que la DGJA estará a cargo de bloquear sitios ilegales, suspender licencias y fiscalizar los sistemas de apuestas en tiempo real. Además, se plantean zonas de exclusión para las bancas deportivas (por ejemplo, evitar que se instalen cerca de escuelas u hospitales) y se obliga a los operadores de loterías electrónicas a pagar impuestos de hasta el 24 por ciento de sus ventas.
Antecedentes de suba de impuestos
A comienzos de este año, la Dirección General de Impuestos Internos de República Dominicana duplicó los montos impositivos que paga el sector del juego, basándose en un ajuste por inflación. A través de la resolución DDG-AR1-2025-00001, se establecieron nuevas tarifas que impactan directamente sobre las bancas de lotería, apuestas deportivas, casinos y tragamonedas. El aumento, que ronda el 100 por ciento, se justificó como “una actualización fiscal”, pero ya significó un gran cambio para los operadores locales.
