La Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD) denunció ayer que cerca de 20 mil empleos estarían en riesgo, de aprobarse, tal como fue enviado al Congreso Nacional de República Dominicana, el proyecto de ley para regular, supervisar y enfrentar el lavado de activo en los juegos de azar.
A través de un comunicado de prensa, Francisco Pérez, miembro de ADOBAD, aseguró que actualmente cuentan con más de 3500 bancas deportivas, que aportan al Producto Interno Bruto (PIB) del país y a la economía y, a su juicio, se verían afectadas con la pieza que fue sometida vía del Senado de la República, por el Poder Ejecutivo.
Pérez expresó que el documento legislativo, propuesto por el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, abre las puertas a la “expansión indiscriminada” de los juegos de azar en el país, porque permitiría la comercialización de juegos electrónicos virtuales en establecimientos que carecen de condiciones locativas que ofrezcan estándares mínimos de seguridad para el acceso a tales productos y servicios.
Además, calificó la propuesta ejecutiva como una “potencial catástrofe, que tendría un efecto devastador para las familias dominicanas, por la accesibilidad que tendrían menores de edad a los juego de azar, abocando la sociedad dominicana a un caos mayúsculo que el propio Estado no podrá controlar”.
Para la asociación, “el proyecto de ley adolece de numerosos errores y fallos estructurales”, por lo que consideró que, de ser aprobado, “profundizaría el desorden, lastimando la seguridad jurídica de las inversiones realizadas hasta el momento”.
Pérez afirmó que la sanción del proyecto de ley aniquilaría la efectividad del plan de regularización emprendido por el propio gobierno, a raíz del decreto 63-22, de fecha 9 de febrero del año 2022.
Nicolás Bahamón, consultor de ADOBAD, señaló que la pieza fue elaborada sin consultar a importantes actores del sector: “Este proyecto de ley aparece de manera repentina, sin que las organizaciones que agrupan a los empresarios que operan casinos y bancas de apuestas deportivas fueran consultadas. Sólo fueron tomados en cuenta los intereses de los concesionarios, las agencias hípicas y las bancas de lotería”.
El representante de la entidad dijo que “se perjudicaría a quienes han realizado las inversiones necesarias para ajustar sus locales a las exigencias establecidas por la Ley 29-06, pues dichos juegos podrán comercializarse en cualquier punto de venta de juegos de azar”.
Concluyó que el esquema tributario contemplado en el proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo genera condiciones tan lesivas para el sector de las bancas de apuestas deportivas que motivarían la conversión de las mismas en agencias hípicas u otro tipo de establecimientos que, conforme al texto presentado al Congreso, resultan exentos de pagar impuestos de operación.
Los operadores del juego manifestaron su apoyo a la renovación de la industria
Por su parte, la Asociación Dominicana de Casinos de Juegos (ADCJ) manifestó, hace una semana, su respaldo al nuevo reglamento que busca organizar y regular la industria del juego en República Dominicana, y que fue recientemente anunciado por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.
En una declaración pública, la agrupación de operadores expresó su compromiso con el ordenamiento del sector y aseguró que esta normativa representa “un paso decisivo hacia la transparencia y legalidad”, tanto para la oferta presencial como para la expansión digital que comienza a tomar fuerza en el país.
En sintonía con el tono favorable del sector privado, la ADCJ subrayó que la resolución 136-2024 sienta las bases para una industria más responsable y moderna, capaz de alinearse con estándares internacionales.
Así, el nuevo marco establece requisitos estrictos para el otorgamiento de licencias, la supervisión técnica, la protección de datos y la promoción del juego responsable. Además, contempla sanciones para quienes operen de forma ilegal y un sistema de control que busca combatir el lavado de activos.
