Solicitan a la Corte Suprema de Brasil que no elimine el impuesto ISS en Río de Janeiro

La semana pasada, la Corte Suprema de Brasil comenzó a analizar el caso sobre el cobro del Impuesto de Servicio Municipal (ISS) de la ciudad de Río de Janeiro para las apuestas de carreras de caballos. La disputa enfrenta al operador del Hipódromo de Gávea, Jockey Club Brasileiro (JCB) y a la municipalidad de la ciudad.

La Justicia debía determinar si es constitucional aplicar el ISS para las apuestas y si el tributo debe calcularse a partir de la recaudación por las apuestas o a partir de la venta de los tickets de entrada al hipódromo. El pasado lunes (1 de junio), la Asociación Brasileña de Departamentos de Finanzas de Capital (ABRASF) presentó un memorial ante el Tribunal Supremo para aportar al caso.

En el documento, compartido por BNL Data, la organización asegura que las apuestas de “cuota fija” serán reguladas “a partir de la segunda mitad de 2020”. Y sostuvo que la tributación debe calcularse “sobre el valor bruto de las apuestas”. “El ISS se aplica sobre el valor de la apuesta, que es la consideración para la prestación del servicio de carreras o competiciones de animales, previsto en el punto 12.10 de la lista de servicios de LC 116/2003”, argumentó.

Por otro lado, afirma que las apuestas son “gastos superfluos” y que “revela una alta capacidad del prestatario del servicio, ya que se supone que tiene todos los bienes y servicios esenciales y útiles para su vida económica”. Por este motivo, consideran erróneo eliminar el impuesto a las apuestas y calcularlo sobre la venta de tickets.

“El impacto financiero que tendrá la decisión de la Corte Suprema sobre la tributación en las apuestas (que ya generan alrededor de 8 mil millones de reales en Brasil, solo en el entorno online, y están en proceso de ser reguladas) será decisiva para la financiación de las políticas públicas de las entidades locales en todo el país, no solo por sus ingresos generales, sino también por el papel extra fiscal que puede desempeñar el ISS”, concluyó Ricardo Almeida Ribeiro da Silva, asesor legal de ABRASF.