El jueves 5, el Segundo Juzgado de Hacienda y Registros Públicos de Palmas determinó la suspensión de las apuestas deportivas y otras operaciones de Lototins, empresa responsable de la lotería estatal de Tocantins. La legalidad de las operaciones fue impugnada en una acción pública por ofrecer apuestas deportivas en videolotería.
Las denuncias argumentan que el modelo adoptado viola la Ley Federal n.° 14.790/2023, que exige una autorización individual del Ministerio de Hacienda para operar apuestas de cuota fija, con una vigencia máxima de cinco años.
En el fallo, el juez Roniclay Alves de Morais declaró que el modelo de concesión por licitación no aplica a este tipo de servicio, ya que se trata de una autorización discrecional, es decir, debe analizarse caso por caso. También destacó que la legislación federal no contempla la exclusividad para los operadores estatales, lo que permite la actuación de múltiples agentes.
“Esto descarta cualquier posibilidad legal de que el Estado monopolice el servicio mediante un contrato de concesión, ya que se trata de una transacción jurídica más compleja, en la que la Administración Pública tiene obligaciones estrictas derivadas de un proceso de licitación, cuya naturaleza jurídica es vinculante y no discrecional”, declaró el juez en su decisión.
Con base en estos argumentos, el juez ordenó la suspensión inmediata de las apuestas de lotería online, además de prohibir el uso de máquinas físicas. Lototins debe recoger todo el equipo utilizado; de no hacerlo, podría ser objeto de incautación judicial.
El Gobierno de Tocantins y Lototins apelarán
En un comunicado, el gobierno de Tocantins informó que aún no ha sido notificado oficialmente, pero que cumplirá con la decisión tan pronto como se le notifique. El Ejecutivo manifestó su intención de apelar, argumentando que los estados tienen autonomía para operar los servicios de lotería, tal como lo reconocen las decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF).
Además, la nota añadió que “el Gobierno de Tocantins reitera que todas las etapas de la creación y operación de Lototins se ajustaron a criterios técnicos y legales, con total transparencia y respeto al ordenamiento jurídico”.
Lototins también indicó que no había sido notificada, pero aseguró que cumpliría con la medida cautelar. La empresa afirmó haber seguido todos los procedimientos legales y técnicos en el proceso de licitación y reiteró que la lotería es un servicio público, enfocado en la recaudación de fondos para inversiones sociales, y no un “juego de azar”.
“Aprovecho esta oportunidad para aclarar, de acuerdo con la Constitución Federal, qué es una lotería y qué la diferencia de los juegos de azar (máquinas tragamonedas). La lotería es un servicio público, operado por el público o cedido al sector privado con el objetivo de recaudar fondos para reinvertir en la sociedad. Los juegos de azar no son un servicio público, sino una actividad económica operada por el sector privado con el objetivo de obtener ganancias. Los productos de lotería pueden incluso tener algún tipo de similitud con los juegos de azar, pero son fundamentalmente diferentes”, señala la nota.
