La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó que un total de 13 casinos están siendo investigados debido a que fueron identificadas operaciones millonarias en efectivo, así como flujos internaciones de dinero.
“Se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero”, explicaron desde la SHCP.
La dependencia destacó que los establecimientos, que cuentan con presencia en ocho estados: Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Baja California, Estado de México y Chiapas, son señaladas por su alto riesgo financiero.
El reporte de las autoridades indica que algunos de los establecimientos cuentan con importantes movimientos en efectivo, además de transferencias a diversos países tales como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
También usaban plataformas digitales, lo que les ayudaba a dispersar los recursos, ocultarlos y reintegrarlos al sistema financiero tanto nacional como internacional.
De igual manera, la investigación de las autoridades llevó a reconocer que las plataformas digitales usaban a personas con perfiles económicos que no corresponden con el dinero que manejaban. Es decir, amas de casa, desempleados y jubilados eran los encargados de transferir fondos que habrían ganado en juegos a los verdaderos dueños.
Es por ello que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que haya un seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como asociación delictuosa delitos del orden fiscal.
Grupo Salinas acusa “persecución” tras el bloqueo e investigación de sus casinos
La empresa acusó al Gobierno de México de ejercer una “persecución de Estado” en su contra, luego de que la SHCP informara sobre la investigación que involucra a diversas casas de apuestas, entre ellas Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, ambas subsidiarias del conglomerado.
En un comunicado titulado “El acoso del gobierno en contra de Grupo Salinas debe cesar”, la corporación calificó la acción como “una nueva muestra del uso faccioso del aparato del Estado para asediar a Grupo Salinas por todos los frentes”, señalando directamente a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por anunciar la investigación.
“En Grupo Salinas siempre hemos sido respetuosos de la ley. Todas nuestras empresas, cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector”, afirmó la compañía.
El conglomerado sostuvo que ha cumplido con los más altos estándares internacionales de prevención de lavado de dinero, “en conjunto con nuestros socios internacionales, en particular del Reino Unido”. Asimismo, aseguró que está preparado “para demostrarlo ante cualquier instancia competente”.
Grupo Salinas acusó directamente a la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, de encabezar “una acción arbitraria” que confirmaría, según su versión, “una campaña sistemática del gobierno” en su contra.
