Uruguay podría regular el juego online

El Ministerio de Economía elevó un proyecto de ley al Parlamento para regular el juego online en Uruguay. La propuesta le daría la facultad a la Dirección General de Casinos (DGC) a explotar el segmento directamente y autorizar a aquellos que tengan licencias de juego localizado para hacerlo.

El proyecto analiza el “avance y trascendencia que los juegos a través de internet poseen ya en el presente y seguramente alcanzarán en el futuro” para establecer una normativa oficial. Así, estipula que la DGC debe estar habilitada para  “explotar los juegos que tradicionalmente desarrolla a través de las plataformas tecnológicas, en el entendido que gran parte de la actividad lúdica será ejercida —sino ya— en el futuro a través de las mismas”.

Dentro de los juegos habilitados para que opere la DGC están el póker, ruleta y slots, entre otros juegos de casino y otros “creados o a crearse, bajo la modalidad ‘online’ a través de internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares”.

El proyecto estipula que la entidad rectora del juego podrá operar “mediante el sistema tradicional o por las operaciones vigentes que funcionan bajo el denominado sistema mixto”.

Según la prensa uruguaya, el impulso sobre el juego online involucra un detalle clave para que avance el proyecto del Grupo Cipriani en Punta del Este: “El Poder Ejecutivo podrá autorizar en forma previa y revocable, la prestación de dicha actividad a los concesionarios de juegos de casinos en forma presencial o a quienes posean dicho título habilitante en el futuro, de conformidad con el procedimiento que conforme a Derecho corresponda”.

La posibilidad de que Cipriani pueda operar en forma online, además de presencial, es uno de los pedidos que habían hecho desde el grupo italiano a la hora de desarrollar el complejo en el ex hotel San Rafael.

Sobre los impuestos, el Poder Ejecutivo deberá “reglamentar la modalidad de prestación de la actividad de los juegos de casinos ‘on-line’, regulada por la presente norma” para determinar el canon a pagar por los prestadores privados.