La Asociación Dominicana de Casinos de Juegos (ADCJ) manifestó su respaldo al nuevo reglamento que busca organizar y regular la industria del juego en República Dominicana, y que fue recientemente anunciado por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.
En una declaración pública, la agrupación de operadores expresó su compromiso con el ordenamiento del sector y aseguró que esta normativa representa “un paso decisivo hacia la transparencia y legalidad”, tanto para la oferta presencial como para la expansión digital que comienza a tomar fuerza en el país.
En sintonía con el tono favorable del sector privado, la ADCJ subrayó que la resolución 136-2024 sienta las bases para una industria más responsable y moderna, capaz de alinearse con estándares internacionales.
Así, el nuevo marco establece requisitos estrictos para el otorgamiento de licencias, la supervisión técnica, la protección de datos y la promoción del juego responsable.
Además, contempla sanciones para quienes operen de forma ilegal y un sistema de control que busca combatir el lavado de activos.
El primer paso de República Dominicana para actualizar su marco
Días atrás, el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley para reorganizar la industria del juego, centrado principalmente en la recaudación fiscal. La propuesta plantea la creación de una Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), que operaría bajo el Ministerio de Hacienda y se encargaría del registro, control, fiscalización y otorgamiento de licencias para todo tipo de juegos, incluyendo bancas deportivas, casinos, apuestas online, tragamonedas, rifas y loterías electrónicas.
Así, el proyecto establece un esquema tributario específico para cada modalidad. Las bancas deportivas deberán pagar más de 794 mil pesos dominicanos para iniciar operaciones, sumado a un tributo anual de alrededor de 386 mil en zonas urbanas, más un 1 por ciento sobre las ventas brutas.
Por su parte, las plataformas digitales enfrentarán un impuesto del 10 por ciento sobre sus ingresos o, como alternativa, una tarifa mensual fija de cinco millones de pesos mientras se construye una infraestructura que permita una supervisión más precisa. Los casinos también tendrán cargos diferenciados por la cantidad de mesas y tragamonedas, con tarifas entre 14 mil y 85 mil pesos por unidad.
Sin embargo, la iniciativa carece de políticas de prevención del juego problemático o medidas concretas de protección al jugador. A diferencia de regulaciones en otros países de la región, que incluyen herramientas como la autoexclusión, límites de gasto o campañas educativas, la propuesta dominicana apenas contempla advertencias genéricas y la prohibición del acceso de menores, sin detallar cómo se aplicarán estos controles.
