La semana pasada, la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) de Brasil se reunió virtualmente con el Ministerio Público de Goiás (MP-GO) para discutir el juego responsable en la industria nacional de apuestas.
Así, la organización afirmó que comenzará a realizar actividades para prevenir el reclutamiento de jugadores, especialmente de equipos juveniles, con el fin de reducir la manipulación de resultados y el fraude relacionado con las apuestas deportivas.
Después de analizar la actuación del MP-GO en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado Federal sobre la Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas, la ANJL constató que “la cercanía con las autoridades públicas” es fundamental para “garantizar seguridad jurídica y operativa” al sector de las apuestas.
Las acciones de la ANJL se realizarán con los diputados estatales y federales y la Policía Civil. Según la asociación, la próxima reunión será con el diputado paulista.
Al final del comunicado, la ANJL reforzó que el mercado regulado de apuestas no tolera la manipulación de resultados y que ayudará a crear el “entorno más seguro posible” en Brasil.
A la reunión asistieron Plínio Lemos Jorge, presidente de la ANJL; Bernardo Freire, director jurídico de la ANJL, y Fernando Martins Cesconetto, fiscal.
ANJL analiza el mercado de Brasil
Recientemente, el Tribunal Regional Federal 1 (TRF1) de Brasilia estimó parcialmente la demanda de la Lotería del Estado de Río de Janeiro (Loterj) que pretende autorizar a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) para que verifique si los operadores de juego online y apuestas de Río de Janeiro tienen legitimidad para operar en el estado, determinando así la suspensión de las actividades de aquellas que no cuenten con licencia otorgada por el municipio.
Ante este fallo, la ANJL se posicionó en la misma línea que el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), que cuestionaron la decisión. Para la ANJL, está claro que ANATEL tiene el deber de respetar el art. 9º de la ley 14.790/23 y art. 24 de la Ordenanza 827/24, que otorgó un plazo hasta el 31/12/2024 para que todas las empresas obtengan sus respectivas licencias sin ningún castigo en Brasil.
“ANATEL debe seguir respetando el art. 2º de la ley 9.784/99 y su reglamento interno, que garantizan a los operadores plena defensa y procedimiento ante cualquier orden de bloqueo de sitios web”, dijeron.
