La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) han recurrido al ministro Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal (STF), para intentar impedir que los sitios web de los operadores de apuestas sean redirigidos a una página del Gobierno Federal a partir del martes 6.
Las entidades presentaron, la noche del sábado 3, un escrito dentro de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 8.027, informando al STF sobre el envío de notificaciones oficiales por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) a las empresas del sector. La ANJL y el IBJR solicitan una medida cautelar antes de las 23:59 horas de este lunes 5 de octubre).
Los documentos fueron remitidos por la oficina de la Secretaría Nacional de Derechos Digitales (SEDIGI) entre los días 2 y 3 de octubre. Según la petición, el gobierno determinó que, a partir de las 00:01 horas del 6 de octubre, todo el tráfico destinado a los sitios web, dominios y aplicaciones de las plataformas de apuestas previamente autorizadas sea redirigido a la dirección brasilsembets.gov.br.
La ANJL y el IBJR estiman que la medida podría desviar cerca de 100 millones de visitas diarias hacia el dominio gubernamental. Las asociaciones argumentan que el procedimiento no está previsto en la Medida Provisional (MP) n.º 1.394/2026 y supondría una transferencia de la audiencia construida por las empresas hacia un canal oficial.
La ANJL y el IBJR cuestionan la base legal para el redireccionamiento
Uno de los principales argumentos presentados ante el STF es que el artículo 23 de la medida provisional aborda el bloqueo y el redireccionamiento como mecanismos destinados a impedir el acceso a las plataformas, sin establecer que el tráfico de los usuarios pueda ser redirigido a un sitio web específico del gobierno.
Según la interpretación de la ANJL y el IBJR, el redireccionamiento previsto en la medida provisional permitiría únicamente sustituir un mensaje de error por un aviso de indisponibilidad. El uso de dominios privados para dirigir a los usuarios a un canal gubernamental requeriría, a juicio de las entidades, una previsión legal expresa.
La petición califica la medida como una “apropiación de tráfico privado” y sostiene que podría contravenir los principios de legalidad administrativa, propiedad y libre iniciativa.
Las asociaciones también cuestionan la competencia del MJSP para imponer directamente la obligación a los operadores. Según el documento, el artículo 23 permite a los ministerios solicitar el bloqueo o el redireccionamiento, mientras que las órdenes de bloqueo se remitirían a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y, en el caso de los dominios .br, al Comité Gestor de Internet (CGI).
Para las entidades, la medida provisional ordenó a los operadores únicamente que dejaran inaccesibles sus sitios web y aplicaciones. Por consiguiente, exigir que las propias empresas ejecuten el redireccionamiento crearía una obligación adicional no establecida en el texto de la medida provisional.
La ANJL y el IBJR señalan riesgos para los saldos y los datos de los usuarios
Otro punto planteado al ministro Fux se refiere a las obligaciones que permanecen a cargo de los operadores tras la finalización de la explotación de las apuestas. Los artículos 8 a 11 de la medida provisional, según el escrito presentado, establecen la restitución de los importes adeudados a los apostadores y la continuidad en la transmisión de información a la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF).
La ANJL y el IBJR afirmaron que estas exigencias implican mantener la infraestructura y los canales de atención al cliente, lo cual podría verse perjudicado si todo el acceso a las plataformas se redirigiera automáticamente al sitio web del gobierno.
Las entidades también plantearon una cuestión relacionada con la Ley General de Protección de Datos (LGPD). Según el escrito, la redirección permitiría a la Administración Pública recibir información de acceso de millones de usuarios —como la dirección IP, el dispositivo utilizado y el horario— sin que la medida provisional establezca disposiciones específicas para dicho tratamiento de datos.
En su solicitud ante el STF, la ANJL y el IBJR sostienen que el análisis reviste urgencia, dado que los efectos de la medida comenzarían a las 00:01 de este martes. Según las asociaciones, cualquier impacto sobre los dominios podría ocasionar un perjuicio prácticamente irreversible.
SBC Notícias Brasil seguirá de cerca la evolución de esta situación y, de ser necesario, actualizará esta información con las novedades que surjan.
