Un diputado propone la restitución íntegra de los fondos de apuestas a los usuarios en Brasil

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El diputado federal de Brasil Ricardo Abrão propuso, mediante el Proyecto de Ley (PL) n.º 5.502/2026, la creación de la Ley de Restitución Íntegra y Reparación al Apostador. La propuesta se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados y fue remitida, el 12 de noviembre, a la Comisión de Defensa del Consumidor (CDC) y a la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJC), donde será analizada.

El parlamentario busca regular la devolución y el reembolso de los importes perdidos a raíz de la prohibición de las apuestas online en Brasil. El texto establece normas para el cálculo de la pérdida neta de los apostadores e impone obligaciones de información, transparencia y trazabilidad a los operadores. Asimismo, contempla la entrega gratuita a los apostadores de estados detallados de sus operaciones, en un plazo máximo de diez días hábiles.

Por su parte, Udo Seckelmann, abogado y socio del bufete Bichara e Motta Advogados, calificó el proyecto de ley como “una verdadera aberración jurídica” ante SBC Notícias Brasil.

Y explicó: “En la práctica, pretende obligar a los operadores a devolver a los apostadores los importes perdidos en apuestas realizadas de forma regular, como si la actividad no implicara, por su propia naturaleza, riesgos y la posibilidad de sufrir pérdidas. Una cosa es responsabilizar a las empresas por fraudes, fallos operativos o incumplimientos contractuales; otra, completamente distinta, es convertir las pérdidas legítimas en una obligación de restitución. La propuesta subvierte la lógica jurídica de las apuestas, compromete la seguridad jurídica e ignora la naturaleza aleatoria de los contratos de apuestas”.

La devolución de importes podría generar repercusiones para los operadores

El proyecto enumera diez situaciones en las que los operadores estarían obligados a restituir importes a los usuarios. Entre ellas figuran la pérdida neta total registrada en la cuenta del usuario, los saldos disponibles no devueltos, los premios no pagados, las apuestas anuladas y los movimientos financieros realizados sin la autorización del titular.

La obligación también abarcaría casos de cobros duplicados, retención injustificada de retiros o premios, utilización de fondos tras la suspensión de la autorización del operador y apuestas realizadas por personas sujetas a bloqueo o autoexclusión. El texto incluye, además, situaciones de fraude, fallos en los sistemas e indisponibilidad de las plataformas.

Al evaluar las repercusiones financieras y operativas de las obligaciones previstas en el proyecto, Seckelmann afirmó que serían “potencialmente devastadoras”.

“Desde el punto de vista financiero, los operadores podrían verse obligados a restituir miles de millones de reales en pérdidas acumuladas por los apostadores, lo que generaría un pasivo imprevisible y, posiblemente, impagable. Desde el punto de vista operativo, la obligación de reconstruir el historial individual de transacciones de millones de usuarios en un plazo extremadamente breve resulta prácticamente inviable”, añadió el abogado.

Abrão justifica la propuesta de restitución

La justificación de Abrão tiene en cuenta la expansión del mercado de apuestas en los últimos años y la promulgación de la Medida Provisional (MP) nº 1.394/2026, que prohibió dicha actividad en todo el territorio nacional. Según el parlamentario, la interrupción de las actividades ha hecho aún más urgente la creación de mecanismos que garanticen la restitución de los fondos a los apostadores. Asimismo, sostuvo que la responsabilidad de realizar los reembolsos debe recaer en las empresas y sus controladores, sin trasladar los costos a las arcas públicas.

“La urgencia y la relevancia de esta propuesta se fundamentan en el escenario posterior a la interrupción de las actividades”, argumentó Abrão.

La propuesta podría enfrentar impugnaciones judiciales

Seckelmann señaló también que el proyecto de ley aumenta significativamente la exposición patrimonial de las empresas y de sus administradores, lo cual compromete la previsibilidad y la viabilidad económica del sector.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la propuesta prospere en el Congreso Nacional y sea aprobada, el abogado afirmó: “Desde el punto de vista político, el proyecto podría encontrar una buena acogida, dado el actual clima de presión contra el sector de las apuestas. No obstante, su aprobación se enfrentaría a importantes obstáculos constitucionales, especialmente ante posibles vulneraciones de la seguridad jurídica, el principio de proporcionalidad, la libre iniciativa y la protección de los actos jurídicos perfeccionados”.

“La protección del consumidor no puede servir de justificación para imponer obligaciones patrimoniales arbitrarias ni para ignorar la naturaleza de los contratos celebrados conforme a derecho. De aprobarse en estos términos, el proyecto será, sin duda, objeto de impugnación judicial”, concluyó Seckelmann.