¿Qué sucede con los jugadores que enfrentan problemas con el juego cuando las plataformas legalizadas dejan de operar? Esa fue una de las cuestiones planteadas por Tiago Gomes, socio de Souto Correa Advogados y responsable de las prácticas de Juegos y Apuestas del estudio, en su nueva colaboración para la columna Rincón Jurídico de SBC Notícias Brasil.
En el artículo, el abogado abordó los incentivos económicos y las responsabilidades jurídicas de los operadores, argumentando que el jugador que tiene un problema con el juego no representa una fuente de lucro sustentable para las empresas legalizadas, sino un riesgo que puede derivar en obligaciones de restitución e indemnización. Gomes también comparó las políticas de prohibición y regulación, y cuestionó los efectos de retirar a los jugadores vulnerables de los mecanismos de protección disponibles en el mercado legal.

¿A dónde va el jugador con problemas de apuestas cuando se prohíbe el juego?
Cuando el metanol en las bebidas adulteradas asustó al país, la reacción no fue prohibir que la gente beba. Fue cazar al adulterador, clausurar al proveedor clandestino y proteger a quien consume el producto legal. A nadie se le ocurrió proponer la prohibición del bar.
Con las apuestas, la reacción suele ser la opuesta. Ante un daño real —y el juego problemático es un daño real—, la primera palabra que reaparece con fuerza como solución es prohibir. Vale entonces hacer la pregunta que verdaderamente importa: ¿prohibir hace que el problema desaparezca o solo lo transfiere a algo peor?
Antes de entrar en el núcleo de la cuestión —debido a que el debate público en Brasil ha estado marcado por mucho ruido y ninguna evidencia científica—, es necesario dimensionar el problema, porque aquí es donde se encuentra el mito: el de que toda pantalla de apuestas hipnotiza y vicia.
Quien diseña la respuesta no es el sector, es la clínica. El DSM-5, manual de referencia de la psiquiatría estadounidense, reconoce el juego patológico como un trastorno; de hecho, es el único vicio conductual que se admite junto con el alcohol y las drogas. Y el diagnóstico no toma en cuenta cuánto gasta la persona, sino la pérdida de control: el monto de la apuesta no entra en la ecuación.
El propio manual sitúa el trastorno entre un 0,2 y un 0,3 por ciento de los adultos al año; las grandes revisiones internacionales, que suman decenas de estudios, hallan una minoría igualmente pequeña que no se ha disparado allí donde el juego se ha expandido.
La excepción es, por lo tanto, real y grave. Pero no es la regla y, en consecuencia, no debería dictar la política para todos.
Hecha la salvedad sobre la incidencia real del juego patológico, hablemos finalmente del ludópata, porque de eso se trata. La persona con juego patológico no desaparece cuando el mercado legal cierra. La compulsión no respeta el Diario Oficial. Lo que cambia es el mostrador en el que juega.
El mostrador ilegal no ofrece nada de lo que protege al apostador vulnerable. No hay límites de depósito, ni autoexclusión, ni verificación de identidad, ni monitoreo de conductas de riesgo. Prohibir le quita al jugador fragilizado exactamente las herramientas creadas para protegerlo y lo entrega a un operador que lucra tanto más cuanto menos lo protege.
No es teoría. Los mercados maduros aprendieron esto de la manera más difícil. El Reino Unido convivió durante años con un mercado licenciado pero laxo, hasta concluir que la respuesta al daño no era la prohibición, sino endurecer la arquitectura del juego responsable dentro del sistema legal: límites, autoexclusión y control sobre los esquemas de fidelización que premiaban al gran perdedor. La lección no fue prohibir. Fue regular mejor.
Hay aquí un punto contraintuitivo que el debate público casi siempre ignora: el operador serio no tiene ningún interés en el ludópata. Puede sonar a provocación, pero es simple economía.
El valor de un cliente a lo largo del tiempo reside en el apostador recreativo, que juega con moderación toda la vida, y no en aquel que lo pierde todo en pocos meses y se retira, dejando atrás a una familia destruida y a un puñado de nuevos enemigos del juego. El ludópata no es la mina de oro de la industria legal: es la mayor amenaza para su supervivencia.
En Brasil, esta lógica económica adquiere una capa jurídica que pocos alcanzan a ver. Las pérdidas de un apostador en estado de ludopatía tienden a ser atacadas por vicio del consentimiento, lo que abre espacio para la nulidad, la restitución y el daño moral. Para el operador legal, cada jugador patológico representa menos un lucro que una contingencia, un pasivo que será provisionado, litigado y, no pocas veces, pagado con intereses y costas procesales.
Aquí cabe hacer un paréntesis sobre el costo de litigar en Brasil, ya que no es menor. Un juicio es costoso y largo; sobre el monto en disputa inciden la actualización monetaria y tasas de interés que se cuentan entre las más altas del mundo, y un sistema de defensa del consumidor ideado para proteger a la parte más débil ha terminado por convertir al país en un campeón de demandas. La protección legítima y la “industria del juicio” terminaron compartiendo el mismo mostrador.
La aviación es el reflejo de esta distorsión. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), cerca del 98,5 por ciento de las demandas presentadas en el mundo contra aerolíneas se radican en Brasil, con un costo que saltó de 586 millones de reales en 2018 a más de 1.100 millones en 2023, un gasto que termina reflejándose en el precio de los boletos. Nadie de buena fe sostendría que el servicio prestado al pasajero brasileño es peor que el del resto del mundo en esa proporción. La cifra no mide la calidad del servicio: mide un entorno que convierte un reclamo legítimo en litigiosidad masiva.
Las apuestas corren el mismo riesgo, y la ludopatía es el vector evidente. Proteger a quien verdaderamente enfermó es un deber y, como hemos visto, también es del interés del propio operador serio. Pero el mismo fundamento, mal calibrado, abre la puerta al reclamo oportunista: el apostador que jugó por diversión, en el pleno uso de sus facultades, perdió y, arrepentido, disfraza la pérdida de vicio para recuperar lo apostado.
Quien paga la cuenta de ambos es el operador legal, porque es el único al alcance del juez. Por eso, el estándar debe saber distinguir a uno del otro: rigor donde hubo una falla en el deber de cuidado, y un filtro firme donde hay aprovechamiento.
¿Y qué pasa con el operador ilegal? Ese no es susceptible de demanda. Opera desde afuera, sin un Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) al que embargar, sin una licencia que perder y sin activos al alcance del juez brasileño. Se queda con la pérdida del usuario con juego problemático y no devuelve nada. Este es el retrato que dibuja la prohibición: el único agente que verdaderamente se beneficia y sale limpio con el jugador enfermo es justamente aquel al que la prohibición fortalece.
De ahí el gran incentivo por la legalidad. La empresa legal busca la perennidad, porque tiene un nombre, una licencia y un patrimonio que preservar; participa en un juego repetido, en el que abusar hoy sale caro mañana. El ilegal juega una sola partida: factura el trimestre y desaparece antes de que llegue la cuenta. Prohibir no elimina el juego; convierte un mercado de quienes quieren perdurar en un mercado de quienes quieren desaparecer. Dicho esto, regular no es un cheque en blanco, y sería deshonesto pretender que lo sea.
La legalidad sin fiscalización también falla: el propio Reino Unido solo corrigió el rumbo cuando el regulador adoptó una postura firme, con multas severas y licencias verdaderamente en riesgo. La legalidad crea el incentivo correcto; es la aplicación efectiva la que hace que ese incentivo funcione. Regular bien no es flexibilizar: es combinar un mercado legal con un regulador capaz de castigar a quienes infringen las reglas, tanto dentro como fuera del sistema.
Hay quienes resumen todo en la frase “la industria lucra con el vicio”. Suena bien, pero se desmorona al primer análisis.
Confunde el gasto con la enfermedad, y quien gasta mucho rara vez es el enfermo, del mismo modo que el enfermo no siempre es quien más gasta. Confunde los ingresos brutos de hoy con el resultado neto de mañana, olvidando la restitución, el daño moral y al público que el propio daño aleja del juego. Y, por sobre todas las cosas, confunde el mercado legal con el clandestino, cuando son opuestos exactos en la forma de tratar al jugador vulnerable.
Nada de esto hace que el juego sea inofensivo, ni autoriza a minimizar el juego problemático. Significa todo lo contrario: tomársela en serio exige elegir el instrumento que verdaderamente protege. Frente a un comportamiento que no desaparece por decreto, protege más quien lo saca a la luz —con reglas, límites y responsabilidad— que quien lo empuja hacia las sombras.
Esta lección no es nueva ni exclusiva de las apuestas. Se consolidó en la política de drogas a costa de décadas de evidencia: prohibir no hace que la demanda desaparezca, solo la empuja hacia un mercado sin reglas, aleja a quienes enferman de la atención médica y le entrega todo al crimen. La respuesta que funciona, según ha demostrado la experiencia, no es tratar al dependiente como a un criminal, sino como a un caso de salud, con regulación, información y tratamiento. Portugal es el emblema: cambió la lógica penal por la sanitaria y no experimentó el colapso de consumo que los profetas de la prohibición anunciaban.
Hay una objeción honesta que se debe enfrentar: prohibir la droga castiga al usuario, mientras que prohibir la apuesta apunta al operador. La diferencia es real en cuanto al blanco de la norma, pero desaparece en su efecto sobre quien realmente importa. Dirigida a uno o al otro, la ley no detiene al vulnerable: solo lo empuja hacia donde no hay límites, autoexclusión ni remedio. Lo que está en juego es la protección de la persona, no la salvación del sector.
El paradoxo salta a la vista. En el caso de las drogas, el aprendizaje avanzó en una dirección: del delito a la salud, de la prohibición a la reducción de daños. En el de las apuestas, avanza en la dirección opuesta: de la regulación a la prohibición y, ahora, a la criminalización de quien opera dentro de la ley.
Es la misma evidencia leída al revés. Con una ironía adicional: el mercado legal de apuestas ya ofrece lo que al debate sobre las drogas le costó décadas conquistar: límites, autoexclusión, identificación y recursos para el tratamiento. Prohibir desecha todo eso, desampara al apostador y devuelve el juego al mostrador sin ley. Quien aprendió la lección en un caso debe explicar por qué la desaprende en el otro.
Combatir el juego ilegal y regular adecuadamente el juego legal, en definitiva, no significa defender a un sector multimillonario: es defender al apostador a quien el juego puede dañar, a la recaudación fiscal que financia las políticas públicas y a la credibilidad de un mercado que, bien administrado, es el primer interesado en tener menos ludópatas y no más.
Prohibir genera el camino inverso y entrega a los más vulnerables a quienes menos se importan con ellos, porque son los únicos que se benefician a su costa.



























