La ley 14.790 de regulación del juego online y las apuestas deportivas en Brasil ya es una realidad, luego de que el presidente del país Luiz Inácio Lula da Silva firme el proyecto justo antes de que termine el 2023, en las últimas horas del 30 de diciembre, con el fin de que la normativa comience a regir para este año.
Como había sugerido el Ministerio de Hacienda hace una semana, si la regulación comenzaba a entrar en vigor en 2023, como sucedió, la tributación del juego y las apuestas tendrá efectos fiscales y presupuestarios para 2024, mientras que si se demoraba la firma hasta enero, los efectos se verían reflejados apenas para el año fiscal 2025. Con la inclusión de las apuestas, el Ministerio de Hacienda proyecta una suma en la recaudación en 2024 de al menos 5.000 millones de reales (cerca de 1.000 millones de dólares).
De esta forma, Brasil celebra finalmente la promulgación de la regulación de su industria, ya altamente popular, dándose la chance de convertirse en el mercado mundial más rentable, gracias a su voluminosa población y su fanatismo por los deportes.
Con la firma del Proyecto de Ley 3626/2023 de parte de Lula da Silva, ahora la industria estará regulada por la Ley 14.790. En un principio, el proyecto solo contemplaba la regulación de las apuestas deportivas, debido a que era la modalidad de juego más popular y difundida, especialmente porque los casinos en Brasil están prohibidos por ley. Sin embargo, en uno de los últimos debates en la Cámara de Diputados se ha añadido también el juego online a la regulación.
Junto con esto, el proceso de evaluación del anterior PL 3626/2023 llevó a que los comités autorizaran más de 100 enmiendas para asegurar la aprobación federal del proyecto de ley. Dentro de las modificaciones, se experimentaron cambios en los porcentajes de impuestos, prohibiciones a ciertas estrategias de marketing —como contar con celebridades, influencers y deportistas en las publicidades— y más.
Ahora, el marco federal está en línea con el objetivo del gobierno de mejorar los ingresos estatales, con proyecciones que indican que un mercado de apuestas deportivas regulado podría generar al menos 10 mil millones de reales para servicios públicos.
Sin embargo, durante su aprobación federal, el presidente impuso vetos sobre “determinados aspectos” del proyecto de ley, en particular la exención fiscal para los premios de apuestas de hasta 2.112 reales. Esta iniciativa, recomendada por el Ministerio de Hacienda, se basó en el principio de “igualdad fiscal”, considerado esencial a medida que evoluciona el mercado de apuestas deportivas de Brasil. De esta forma, regirá el impuesto a la ganancia anual de los jugadores, descartando el umbral anterior de 2.112,00 (primer tramo del Impuesto a la Renta progresivo).
Los vetos fiscales presidenciales están ahora pendientes de un examen más detallado por parte del Congreso Nacional, donde pueden ser sostenidos o anulados.
Así, se han mantenido las propuestas de la Comisión de Asuntos Económicos (CAE) del Senado sobre estructuras fiscales y tributarias. Los operadores con licencia en el mercado federal de Brasil enfrentarán un impuesto del 12 por ciento, mientras que los premios de los jugadores pagarán un impuesto del 15 por ciento.
Para obtener una licencia federal válida por cinco años, los operadores deben invertir 30 millones de reales. Esta licencia permite la operación de hasta tres marcas dentro del mercado nacional. La elegibilidad está restringida a empresas constituidas bajo la ley brasileña con sede en el país, y deben nombrar un tutor legal con domicilio en Brasil.
Por otro lado, los ingresos del régimen de Apuestas se destinarán a varios sectores: 36 por ciento a ministerios y comités de deportes, 28 por ciento a turismo, 13,6 por ciento a seguridad pública y 10 por ciento a educación y seguridad social. El sistema de Salud recibirá el 1 por ciento, las entidades de la sociedad civil el 0,5 por ciento, el Fondo Federal de Equipamiento y Operación de la Policía el 0,5 por ciento y la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial el 0,4 por ciento.
Además, en el plan de 2024, el Ministerio de Hacienda publicará normativas para dar inicio al mercado federal de apuestas deportivas en Brasil. Las medidas pendientes abordarán el establecimiento de un “supervisor de mercado dedicado” para gestionar los estándares, la conducta y la protección del consumidor en el nuevo sector del juego de Brasil.
Antes de la autorización de Lula, el Ministerio informó que 134 empresas habían expresado interés en unirse al inminente mercado de juegos de azar online de Brasil mediante la presentación de sus medidas de ordenanza previa a la comercialización.
Repercusión en Brasil
Ante la promulgación de la ley, el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) compartió en un comunicado oficial su celebración y dijo: “La ley hace que Brasil inicie 2024 con la perspectiva de estructurar una nueva cadena productiva en la economía nacional. La sanción del texto, además de regular el sector de las apuestas, legaliza oficialmente el sector del juego online en el país, poniendo fin a una larga espera por parte de la sociedad”.
Y continuó: “Brasil tiene todas las condiciones para convertirse en una referencia internacional para el sector del juego online. El surgimiento de esta nueva industria, que lleva la innovación y la tecnología en su ADN, solo fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los poderes Legislativo y Ejecutivo, en colaboración con el sector privado. El amplio diálogo forjó un texto moderno, en línea con las mejores prácticas globales, que hace que los potenciales inversionistas nacionales y extranjeros inicien, en los primeros días de 2024, sus análisis y planes de inversiones multimillonarias en el país”.
Sin embargo, destacó la preocupación de sus miembros por “la falta de definición de la base y la forma de calcular el Impuesto sobre la Renta que grava las primas pagadas al cliente final”.
“Dado que el consumidor es la razón de ser de todo el sector, esta definición debe darse de forma rápida y racional. El Instituto ya está disponible para la construcción de un modelo sostenible en este tema junto con los organismos responsables. La mala experiencia por parte del cliente, tanto en relación con la excesiva tributación como como consecuencia de un complejo sistema de cálculo, tiende a empujar al consumidor al mercado informal a corto plazo”, subrayó el IBJR.
