Enjoy solicitó a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) poner fin a sus permisos de concesión para Viña del Mar, Pucón y Coquimbo. En febrero, a través de las sociedades constituidas para adquirir esas licencias, la empresa presentó “la solicitud de renuncia de los Permisos de Operación de Casinos de Juego que les fueron adjudicados”.
En marzo, la SCJ emitió los Oficios Ordinarios N°485, 486 y 487, en los que solicitó a dichas sociedades entregar antecedentes adicionales para su solicitud. Así, Casino del Mar S.A., Casino de la Bahía S.A. y la Sociedad Casino del Lago S.A, presentaron la documentación y, “a la fecha de emisión del presente informe, las solicitudes de renuncia a los permisos de operación se encuentran en evaluación y no ha habido pronunciamiento por parte del regulador y, en consecuencia, los estados financieros consolidados de Enjoy S.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2024 no registran ningún efecto asociado”, citó Diario Financiero.
En 2020 la operadora de casinos había solicitado poder renunciar a los permisos de operación sin pagar las boletas de garantía, pero la SCJ le negó el pedido.
Sin embargo, a través del Decreto 803, con fecha del último 3 de enero, modificó el decreto supremo N° 1.722, de 2015, del Ministerio de Hacienda, que establece el reglamento para la tramitación y otorgamiento de permisos de operación de casinos de juego.
Si bien ni el texto ni las autoridades hicieron señalamiento alguno, la medida beneficia, particularmente en este momento, a Enjoy. La empresa obtuvo las licencias para operar los casinos en Coquimbo, Viña del Mar y Pucón en 2018, pero dichos permisos han resultado inconvenientes para la solvencia financiera del grupo.
Con este nuevo decreto, firmado por el Presidente chileno, Gabriel Boric, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel Cullell, la regulación habilita nuevas vías para rescindir los permisos sin tener que abonar las boletas de garantía estipuladas en la licitación.
En sus justificaciones, el decreto establece que apunta a empresas que estén “afectada(s) por situaciones que constituyan caso fortuito o fuerza mayor, imprevistas e imposibles de resistir, que le hayan impedido cumplir con la obligación de implementar el proyecto integral comprometido en el plazo legal”.
Así, explica, busca dar herramientas para “una vez aceptada la renuncia, el rápido inicio de un nuevo proceso licitatorio para el otorgamiento del respectivo permiso de operación”.
