Esta semana, los trabajadores del Hipódromo de las Américas de la Ciudad de México elevaron un pedido a la presidenta Claudia Sheinbaum para que revise en profundidad la concesión que le permite operar a la empresa española Codere.
Según denunciaron, la licencia fue extendida de manera anticipada e irregular durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La concesión original, que tenía una vigencia de 25 años, finalizaba este año y no había sido otorgada directamente a Codere sino a una filial. Sin embargo, fue ampliada por otros 25 años, lo que permitirá al operador seguir administrando el recinto hasta 2050.
Por otro lado, también se sumaron denuncias por despidos injustificados, acoso laboral, reducción de derechos adquiridos y la presunta complicidad del sindicato liderado por Isaías González Cuevas. Según los testimonios, este sindicato cobra cuotas incluso a trabajadores sin contrato, y no brinda respaldo frente a los abusos laborales. Muchos empleados aseguraron que fueron despedidos sin recibir ni siquiera la mitad de su liquidación correspondiente.
También cuestionaron el uso del Hipódromo como sede para eventos masivos y recitales, una actividad que, de acuerdo con los denunciantes, “no está permitida bajo los términos de la concesión”.
Y dijeron: “Un espectáculo programado este año tuvo que ser trasladado al Parque Bicentenario por falta de permisos. Los asistentes reclamaron falta de sanitarios y mala organización general”.
Por último, los trabajadores advirtieron sobre presuntas irregularidades en las carreras de caballos, como la utilización de nombres falsos o el intercambio de animales entre las carreras, “lo que podría configurar fraude en las apuestas”.
De esta forma, solicitaron que se realice una revisión integral de todas las operaciones de Codere en el país, incluyendo sus actividades en casinos de distintas regiones.
Problemas de Codere en México
Paralelamente, Codere también se enfrenta una situación fiscal controversial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en mayo a favor del SAT, al confirmar que la empresa debe pagar más de 1.272 millones de pesos por impuestos, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal de 2008.
La deuda incluye deducciones no válidas, pérdidas cambiarias y fusiones irregulares, según detalló la autoridad tributaria. A pesar de haber intentado revertir la decisión a través de un amparo, la Corte ratificó que el crédito fiscal es exigible.
