El organismo de regulación del juego de Colombia, Coljuegos, anunció que está trabajando para incorporar más de 100.000 máquinas tragamonedas y elementos de juego al circuito legal del mercado de Ibagué, que actualmente están funcionando sin autorización.
Bajo el programa “Máquinas electrónicas tragamonedas para la paz”, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, reforzó la estrategia de transparentar el mercado local.
“Esta estrategia es nuestro aporte al programa de ‘Paz total’ del presidente Gustavo Petro. Queremos generar facilidades para formalizar las economías populares y evitar que familias trabajadoras tengan problemas legales por operar juegos de azar sin autorización y por desconocimiento”, señaló.
Y detalló: “Es importante destacar que, en el Tolima, el principal problema en materia de juego ilegal tiene que ver con el ‘chance blanco’, una actividad que está afectando tanto a la industria autorizada como a los recursos que se transfieren para la salud”.
Las expectativas de Coljuegos
Como explicaron desde Coljuegos, en el departamento del Tolima existen 66 operadores 166 locales autorizados de juegos de suerte y azar de tipo localizado, en los cuales funcionan 3.004 máquinas electrónicas tragamonedas y 500 sillas de bingo.
De esta forma, esperar incorporar los elementos que actualmente funcionan sin licencia, aunque cabe mencionar que las solicitudes de autorización solo podrán incluir máquinas que no hayan hecho parte de un contrato de concesión con Coljuegos.
Por otro lado, Coljuegos destacó que la Resolución establece que cada operador podrá contar con mínimo una máquina electrónica tragamonedas, mientras que el máximo será establecido de acuerdo con el censo poblacional del municipio donde operen.
En este sentido, las “tragamonedas para la paz” podrán operar en establecimientos comerciales legalmente constituidos como tiendas, droguerías, bares, hoteles, entre otros, mientras que aquellos elementos de juego que continúen funcionando sin autorización podrían incurrir en multas que ascienden a los 80 salarios mínimos legales mensuales (cerca de 104 millones de pesos) por cada una de las máquinas.
“En cualquier inmueble donde se realicen actividades de juego sin la autorización de Coljuegos se hará efectivo un proceso de extinción de dominio. Además, las máquinas podrán ser incautadas y destruidas por la entidad”, concluyó Hincapié.
